
En 2022, México concentró el 23% de las publicaciones detectadas a nivel mundial sobre venta ilegal de jaguares o sus partes en plataformas digitales, según un estudio internacional. Ante esta situación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió una guía ciudadana para identificar y denunciar el comercio ilegal de flora y fauna silvestre en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
La guía responde a un fenómeno en expansión. A pesar de que el tráfico de especies está tipificado como delito en la Ley General de Vida Silvestre, los responsables aprovechan vacíos regulatorios y el anonimato en internet para ofrecer ejemplares vivos o productos derivados, desde loros y felinos hasta pieles, garras o carne silvestre.
Lenguaje cifrado y simulación de legalidad
De acuerdo con Profepa, el tráfico ocurre principalmente en grupos cerrados de Facebook, cadenas de WhatsApp o cuentas anónimas en otras plataformas. Las publicaciones incluyen imágenes sin contexto, frases genéricas como “entrega inmediata” o “respondo por inbox”, y términos clave como “zoo”, “exóticos” o “no es gato / no es perro”. También suelen presentarse documentos como “notas de remisión” o frases como “con papeles”, aunque carecen de validez legal si no están respaldados por los permisos oficiales correspondientes.
La guía indica que deben denunciarse tanto ejemplares vivos de fauna silvestre —como loros, guacamayas, felinos, cocodrilos o primates— como productos derivados, incluyendo pieles, carne, animales taxidermizados o accesorios elaborados con partes de estos animales. También se debe reportar la venta de flora protegida incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como orquídeas, peyote o pata de elefante, así como cualquier ejemplar mantenido en condiciones de maltrato.

Se destaca también la prohibición absoluta sobre el comercio de especies como mamíferos marinos, tortugas marinas, psitácidos y primates de distribución nacional, cuya venta constituye una infracción grave conforme al artículo 60 Bis de la ley.
¿Qué hacer ante una publicación sospechosa?
La Profepa recomienda reunir información básica como capturas de pantalla, enlaces directos, nombre de usuario, fecha y red social donde aparece la oferta. La denuncia puede enviarse de forma anónima mediante el portal oficial, correo electrónico o redes sociales de la Procuraduría.
La institución subraya que el proceso es confidencial y no requiere la identificación de quien denuncia.
Sin claridad sobre sanciones o seguimiento
Aunque la guía describe cómo identificar y reportar estos delitos, no detalla los pasos posteriores ni cuántos casos han derivado en sanciones. En contraste, el Centro para la Diversidad Biológica documentó que entre 2015 y 2022 se aseguraron más de 127 mil ejemplares silvestres en el país, pero el destino del 97% de ellos es desconocido. En al menos 487 casos, los animales quedaron bajo custodia de las mismas personas que los tenían en posesión al momento del aseguramiento.
Limitaciones institucionales y cooperación tecnológica
Profepa mantiene acuerdos con algunas plataformas, como Mercado Libre, para restringir este tipo de contenidos. Sin embargo, la actividad delictiva continúa en redes sociales privadas o mediante cuentas falsas. Además, muchas dependencias carecen de personal capacitado para monitorear internet y dar seguimiento legal a estos delitos ambientales.

Aunque la guía representa un avance en la participación ciudadana, expertos señalan que se requieren medidas adicionales: fortalecer la capacidad operativa del Estado, agilizar procesos judiciales, impulsar campañas informativas a gran escala y establecer mecanismos efectivos de colaboración con las plataformas digitales.
El tráfico ilegal de flora y fauna silvestre no sólo amenaza la biodiversidad, sino también la salud pública, por el riesgo de zoonosis (enfermedades infecciosas que han pasado de los animales a los humanos), y la vigencia del Estado de derecho en materia ambiental.
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