5 claves para entender la nueva ley de investigación e inteligencia; SSPC tendrá acceso a bases de datos personales

La Cámara de Diputados aprobó el jueves 26 de junio la expansión de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la decisión faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para acceder a datos personales y biométricos, tanto de fuentes públicas como privadas, con el objetivo de fortalecer las tareas de investigación en el país.

La propuesta surge de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que impulsa la creación de la Plataforma Central de Inteligencia, una base de datos de gran alcance que permitirá concentrar y analizar información de diversos orígenes. Esta plataforma estará bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia, organismo vinculado directamente a la Secretaría de Seguridad.

El acceso a datos personales y biométricos incluye información como huellas dactilares, registros faciales y otros identificadores, de acuerdo con los reportes el nuevo marco legal establece que dicha información podrá ser utilizada exclusivamente para fines de investigación y persecución de delitos.

Tras más de diez horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó una ley que transforma el acceso y tratamiento de bases de datos con fines de seguridad pública.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo federal y respaldado por Morena y aliados, fue enviado al Senado, quien contempla la propuesta de la Plataforma Central de Inteligencia bajo control del Centro Nacional de Inteligencia, su alcance genera preocupación por el volumen de información sensible que podrá ser consultada y sistematizada.

Estos son cinco puntos para entender la nueva ley:

• Creación de una Plataforma Central de Inteligencia: estará a cargo del Centro Nacional de Inteligencia y concentrará más de 22 bases de datos públicas y privadas, desde registros de salud hasta información financiera, con el objetivo de producir análisis criminal y combatir delitos de alto impacto.
• Acceso a información de particulares y entes públicos: Instituciones gubernamentales y empresas privadas deberán compartir registros relevantes cuando se les requiera, incluso si no están directamente relacionadas con tareas de seguridad, siempre bajo lineamientos de protección de datos.
• Sistematización obligatoria de registros: la ley exige a todos los entes del Estado mexicano tener organizados y digitalizados sus archivos para facilitar su integración al sistema nacional, lo cual marca un cambio estructural en la gestión de información institucional.
• Productos de inteligencia para persecución del delito: el sistema generará reportes estratégicos como mapas delictivos, estructuras criminales y análisis de operaciones ilícitas. Estas herramientas se usarán para prevenir, investigar y judicializar casos, especialmente contra el crimen organizado.
• Garantías de privacidad y control judicial: aunque la ley permite el uso masivo de datos, establece que su manejo deberá cumplir con principios de confidencialidad y estar sujeto a control judicial en los casos que así lo requieran, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Tras la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados, surgieron voces críticas que advierten sobre sus implicaciones autoritarias. Diversos sectores calificaron el dictamen como una “Ley espía”, al considerar que habilita al Estado a vigilar a la ciudadanía sin control judicial.

Uno de los señalamientos más contundentes fue el del abogado Luis Fernando García, cofundador y exdirector de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), quien declaró en Aristegui en Vivo que esta legislación representa un modelo de vigilancia “propio de un régimen autoritario”.

Según García, el nuevo marco legal pone en riesgo derechos fundamentales, al establecer un sistema de control estatal sobre datos biométricos, financieros y de telecomunicaciones sin supervisión judicial. “Todo va a requerir que des tu CURP, y a través de ese elemento se va a poder cruzar toda la información”, afirmó.

García subrayó que la ley se suma a un entramado de reformas, como las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones, la Ley General de Población y la legislación sobre desaparición forzada, que permitirán el acceso en tiempo real a bases de datos públicas y privadas.

“Se legaliza el espionaje militar que se ha llevado a cabo con ilegalidad todos estos años”, dijo, recordando el uso del software Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. También denunció que proveedores de servicios, públicos y privados, estarán obligados a entregar sus registros.

Advirtió que la Guardia Nacional, el Ejército, las fiscalías y el Centro Nacional de Inteligencia tendrán acceso irrestricto y constante a estos datos. “Nunca te vas a enterar cuándo estén monitoreando tus datos. En realidad, es un sistema de vigilancia masivo”, dijo, al tiempo que criticó el contexto político en el que se aprueba esta normativa. “No hay división de poderes (…) No hay autoridad de protección de datos: la acaban de desaparecer. No hay órgano de transparencia, no es autónomo”.

Finalmente, García alertó sobre las consecuencias de estas reformas a largo plazo. “Este sistema, esta infraestructura digital autoritaria, va a estar disponible para cualquier gobierno en el futuro, incluyendo uno con el que no simpaticen”, advirtió.

Asimismo, cuestionó el uso político de las bases de datos de búsqueda de personas desaparecidas. “Ayer, de último minuto, agregaron que el Centro Nacional de Inteligencia va a tener acceso irrestricto a la Plataforma Única de Identidad, para cualquier fin. Es verdaderamente un sistema de vigilancia masiva autoritario sin precedentes”, concluyó.