La Asociación de Bancos de México (ABM) emitió un comunicado el 26 de junio de 2025, en respuesta a información difundida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El pronunciamiento sucede luego de que dos instituciones bancarias mexicanas aparecieran mencionadas en esas alertas.
La ABM reiteró el compromiso del sector bancario con la prevención de actividades ilícitas y la protección de la legalidad en todas las operaciones que se llevan a cabo en el país.
La organización señaló que la banca en México mantiene estándares internacionales en materia de control y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicando mejores prácticas y tecnología.
El comunicado destaca que las entidades asociadas cooperan con autoridades nacionales e internacionales, así como con las propias instituciones regulatorias, para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.
La ABM subrayó que los bancos asociados cuentan con gobiernos corporativos sólidos y cumplen estrictamente con los requisitos de capitalización y solvencia.
Por último, la Asociación manifestó que seguirá fortaleciendo la colaboración con las autoridades para mantener la seguridad y confiabilidad del sistema financiero mexicano.
Contexto de la situación
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció la imposición de restricciones a transferencias de fondos que involucren a instituciones financieras mexicanas, como parte de una ofensiva dirigida a bloquear rutas utilizadas por organizaciones criminales, incluidas aquellas asociadas a cárteles mexicanos, para mover recursos derivados del tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.
La información fue difundida por la cuenta oficial de FinCEN en la red social X, donde se detalló que la medida responde a la clasificación de ciertas entidades bajo nuevas leyes antidrogas.La decisión de FinCEN se enmarca en la aplicación de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, dos legislaciones recientes que otorgan facultades ampliadas al Departamento del Tesoro para actuar contra instituciones financieras vinculadas al lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Estas leyes, promulgadas en respuesta a la creciente crisis de opioides sintéticos en Estados Unidos, buscan desmantelar las redes económicas que sostienen el tráfico de sustancias como el fentanilo y el carfentanilo.El fentanilo, un opioide sintético de alta potencia, ha sido identificado como uno de los principales responsables de la actual crisis de salud pública en Estados Unidos.
Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), el carfentanilo, una variante aún más potente, puede llegar a ser hasta 100 veces más fuerte que el fentanilo. Esta característica lo convierte en una sustancia de altísimo riesgo, tanto para consumidores como para quienes manipulan la droga en cualquier etapa de la cadena de distribución.
La acción de FinCEN representa la primera aplicación formal de las nuevas leyes antidrogas, marcando un precedente en la estrategia de presión financiera contra el crimen organizado transnacional. El objetivo declarado es impedir que los cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales utilicen el sistema financiero internacional para lavar las ganancias obtenidas del tráfico de opioides sintéticos.
De acuerdo con la información difundida, se prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a las instituciones señaladas, con el fin de cortar el flujo de recursos y dificultar las operaciones de los grupos delictivos.
En este contexto, se ha revelado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría establecido esquemas de lavado de dinero con ejecutivos de un banco mexicano, según información proveniente de autoridades estadounidenses. Este tipo de alianzas entre organizaciones criminales y actores del sector financiero representa un desafío significativo para los mecanismos de supervisión y control, tanto en México como en Estados Unidos.
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