El Senado se prepara para votar desaparición de la Cofece y la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio

El Senado de la República tiene previsto aprobar en el pleno —este viernes— una reforma legal que extingue la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y crea en su lugar un nuevo ente regulador: la Comisión Nacional Antimonopolio. Esta iniciativa, promovida por el Ejecutivo federal, forma parte de un proceso más amplio de reestructuración institucional que busca centralizar diversas funciones del Estado en órganos sectorizados.

La propuesta implica reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. De ser aprobada, el nuevo órgano se constituirá como una entidad pública descentralizada con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y operativa, pero quedará adscrita administrativamente a la Secretaría de Economía. Esta modificación elimina el carácter autónomo que distinguía a la Cofece desde su creación en 2013.

El rediseño institucional responde a una reforma constitucional al artículo 28, publicada en diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, que permite modificar o eliminar organismos constitucionales autónomos. El Ejecutivo ha justificado estos cambios con el argumento de que muchas de estas entidades duplican funciones, elevan el costo de la administración pública y carecen de mecanismos eficaces de rendición de cuentas.

En el caso de la Cofece, sus funciones incluían la supervisión de la libre competencia en los mercados, la investigación de prácticas monopólicas y la revisión de concentraciones empresariales. La autonomía constitucional que le fue otorgada le permitía operar sin subordinación al Ejecutivo, lo que facilitaba investigaciones sobre actores económicos con fuerte influencia, incluso en sectores con participación estatal.

La nueva Comisión Nacional Antimonopolio mantendrá objetivos similares, como la prevención, investigación y sanción de prácticas monopólicas y concentraciones indebidas. No obstante, se le otorgan mayores facultades que las que tenía su antecesora. El nuevo órgano contará con herramientas ampliadas de inspección, recopilación de datos, capacidad sancionadora más estricta, así como la posibilidad de emitir opiniones técnicas en distintos sectores, aunque estas no tendrán carácter vinculante.

Además, podrá intervenir en áreas como telecomunicaciones y radiodifusión, con la intención de limitar la concentración en la propiedad de medios y el uso de frecuencias. Esto representa una ampliación del alcance regulatorio del nuevo organismo, más allá del ámbito económico convencional.

Una diferencia sustantiva entre ambas instituciones es el mecanismo de integración de su cuerpo directivo. Mientras la Cofece contaba con un Comité de Evaluación independiente para seleccionar a sus comisionados, en el nuevo modelo estos serán propuestos por el titular del Ejecutivo federal y ratificados por el Senado, lo que implica un cambio en la dinámica de selección y un mayor peso del poder político en su conformación.

Las reformas legales planteadas incluyen la modificación de quince artículos y la derogación de más de diez en la Ley Federal de Competencia Económica. Se amplían los plazos para investigar fusiones y adquisiciones de uno a tres años, se endurecen las sanciones administrativas y penales, y se fortalece el Programa de Inmunidad que permite la delación de prácticas ilegales a cambio de beneficios procesales.

La reestructuración ha generado reacciones divididas. Mientras el gobierno sostiene que se trata de un esfuerzo por mejorar la eficiencia regulatoria y fortalecer el combate a los monopolios, especialistas y actores de la oposición han advertido que la medida podría comprometer la imparcialidad y capacidad técnica del nuevo organismo. Argumentan que, al depender del Ejecutivo, se pierde la independencia necesaria para garantizar una vigilancia efectiva del poder económico.