En reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, el Senado aprobó, con 20 votos a favor, el proyecto de decreto que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población, destacando la introducción de la CURP biométrica como requisito obligatorio y la geolocalización en tiempo real sin necesidad de orden judicial.
La iniciativa plantea el establecimiento de una plataforma única de identidad, con el objetivo de agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, permitir el monitoreo en tiempo real y centralizar información esencial.
La propuesta fue respaldada por el bloque oficialista, mientras que el grupo parlamentario del PRI votó en contra y mientras que el PAN y Movimiento Ciudadano se abstuvieron, mediante argumentos y preocupaciones sobre la privacidad y el manejo de datos biométricos.
El legislador Ricardo Anaya alertó enérgicamente que la reforma impone un sistema de vigilancia sin precedentes al exigir datos biométricos para trámites públicos y servicios privados, afectando actividades cotidianas como apertura de cuentas bancarias o acceso a plataformas digitales.
El panista acusó al grupo parlamentario mayoritario de aprovecharse del dolor de las madres buscadoras y de la crisis de seguridad del país, para aprobar leyes fast-track sin una reflexión verdadera de los temas.
También advirtió contra la eliminación del requisito de orden judicial para geolocalización, lo que calificó como una seria amenaza a la privacidad de la ciudadanía.
Alejandra Barrales, en representación de Movimiento Ciudadano, criticó que la reforma, a pesar de plantearse como un apoyo a familias buscadoras, no refuerza las comisiones de búsqueda ni amplía las funciones del Ministerio Público.
Señaló que la mayoría de colectivos de búsqueda no respaldan esta iniciativa y que el discurso oficial no se traduce en soluciones concretas, indicó que prueba de ella es la cantidad de recursos que se le otorgan a dichas comisiones en comparación con otras.
Por su parte, la senadora priista Claudia Anaya denunció que la obligatoriedad de la CURP biométrica burocratizará los trámites para los ciudadanos que se opongan a proporcionar estos datos y enfatizó la falta de presupuesto y capacitación en las comisiones de búsqueda.
La opinión generalizada, en voz de Néstor Camarillo del PRI, pidió un mayor apoyo para las madres buscadoras, además de enfatizar la importancia del diálogo entre sociedad y gobierno y se manifestó en contra de la Plataforma Única de Identidad.
Desde Morena, Martha Lucía Micher mencionó que la propuesta incorporó más de 570 propuestas ciudadanas, entre las que se incluye la creación de una alerta nacional de búsqueda y una base nacional de carpetas de investigación, información que será supervisada por la Agencia de Transformación Digital que supuestamente salvaguardará los estándares internacionales de protección de datos. Afirmó que la iniciativa articula tecnología y un marco legal integral para las búsquedas, respetando derechos humanos.
La legislación será discutida en el pleno durante este periodo extraordinario para su eventual aprobación.
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