ASF detecta anomalías de la CFE por uso de monederos electrónicos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelve a ser señalada por supuestas irregularidades en sus procesos de licitación, esta vez por la contratación de servicios de administración de monederos electrónicos.

En el pasado, bajo la dirección de Manuel Bartlett, se destinaron más de mil millones de pesos en monederos electrónicos a Liverpool, empresa vinculada a la familia de Marcelo Ebrard. En aquella ocasión, se detectó que estos vales se utilizaban para adquirir artículos no relacionados con el propósito original, incluyendo pago de deudas, electrónicos, vinos, tabaco y electrodomésticos.

Ahora, bajo la dirección de Emilia Esther Calleja Alor, la historia parece repetirse. La empresa favorecida en esta ocasión es Industrias Haber’s, S.A. de C.V., propietaria de tiendas como Mens Factory, Robert’s y High Life, las cuales se especializan exclusivamente en ropa para caballero.

Según trabajadores afectados y documentos revisados, esta empresa no cumple con varios de los requisitos técnicos establecidos en el proceso de licitación, como contar con ropa formal para dama o calzado de calidad. Además, se le acusa de inflar precios, entregar productos defectuosos o incorrectos, y no ofrecer opciones de selección para los beneficiarios.

En 2023, se le habrían adjudicado más de 200 millones de pesos, generando molestias generalizadas, especialmente entre las trabajadoras de la CFE, quienes denunciaron que muchas veces salían sin poder adquirir ningún producto.

A esto se suma la preocupación por la falta de regulación de los monederos electrónicos emitidos por Industrias Haber’s. No cuentan con chip de seguridad, ni están respaldados por sistemas reconocidos como VISA, MasterCard o CARNET. Tampoco ofrecen plataformas digitales para consultar saldos o movimientos, lo que compromete la transparencia del uso de estos recursos.

Distintas instancias como la SHCP, SAT, CNBV, CONDUSEF y la UIF ya habrían iniciado investigaciones para determinar si esta empresa está autorizada para emitir monederos electrónicos o si se trata de una simulación de operaciones.

Durante el año auditado, la CFE destinó más de 510 millones de pesos para esta prestación. La ASF revisó el 90.5 por ciento de ese monto, equivalente a 33 mil 834 monederos electrónicos, utilizados para adquirir uniformes en tiendas departamentales. Cada tarjeta tenía un valor individual de entre 13 mil y 17 mil pesos, dependiendo del área laboral del trabajador.

Las inconsistencias detectadas por la ASF se suman a un historial de contrataciones cuestionadas por parte de la CFE. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la empresa bajo la dirección de Manuel Bartlett firmó 93 contratos con Liverpool —una cadena departamental vinculada a la familia del excanciller Marcelo Ebrard— por un total de 1,070 millones de pesos.

Estos contratos, asignados entre 2019 y 2024, han generado señalamientos por la falta de transparencia en su adjudicación. Aunque la mayoría fueron por licitación pública, varios se realizaron bajo el rubro de “convocatoria cerrada” o mediante adjudicación directa, lo que ha despertado suspicacias sobre favoritismos.

Cabe mencionar que desde octubre de 2024, la institución, en ese entonces bajo el mando de Manuel Bartlett Díaz, ya había sido señalada por haber otorgado 93 contratos, de 2019 a 2024, por mil 70 millones de pesos a la misma tienda departamental en cuestión, "para la compra de monederos electrónicos que se entregan al personal de la paraestatal para la compra de ropa y uniformes", mismo concepto por el cual volvió a ser señalada.

Por si fuera poco, se detectó que los monederos electrónicos carecen de medidas de seguridad, no cuentan con chip electrónico, carecen de una plataforma tecnológica que permita un reportes de alta de tarjetas, reposiciones, dispersiones, consumos, bloqueo y desbloqueo, y mucho menos una App o portal para consultar saldos y movimientos de transacciones de estas.

Los focos rojos se han encendido, por lo que organizaciones como el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) han solicitado a instancias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF); y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se investigue el asunto hasta las últimas consecuencias.