Jueza electa en Ciudad Juárez denunciará a medios por cobertura “amarillista” de su defensa al “Chapo” Guzmán

El pasado jueves 19 de junio, Silvia Rocío Delgado García recibió la constancia de mayoría que la acredita como jueza penal electa del Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de haber obtenido 23 mil 605 votos en el proceso electoral para la integración del Poder Judicial. La zona judicial que ocupará incluye los municipios de Ahumada, Guadalupe, Juárez y Práxedis G. Guerrero.

La postulación de Delgado García fue realizada por el Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Sin embargo, en el Acuerdo 001/2025 del Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL), se le evaluó como no apta para ocupar el cargo al no cumplir con el promedio mínimo de nueve puntos en sus estudios, como lo exige la Constitución Política del Estado de Chihuahua y la convocatoria correspondiente. A pesar de este dictamen, su postulación se concretó al haber sido presentada por una instancia distinta del Poder Legislativo.

Delgado García, de 51 años, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y cuenta con una maestría en Amparo. Al recibir la constancia como jueza electa, respondió a los cuestionamientos sobre su trayectoria como abogada defensora, particularmente por haber formado parte del equipo legal que representó a Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, durante su reclusión en el Cefereso 9 Norte de Ciudad Juárez en 2016, previo a su extradición a Estados Unidos.

Frente a la prensa, Delgado afirmó que su participación en ese caso se dio en el marco del ejercicio profesional y bajo principios de respeto a los derechos humanos. Aseguró que no se arrepiente de haber representado a ninguno de sus clientes y criticó el enfoque mediático que la vincula exclusivamente a ese caso. Señaló que su trabajo se ha guiado por el respeto a las garantías legales, y que promover amparos —incluso para acceso a cobijas, como en el caso de Guzmán Loera— forma parte de la defensa de derechos fundamentales.

Durante la misma intervención, indicó que presentará denuncias penales contra medios de comunicación que, a su juicio, han actuado con amarillismo al retomar su participación como defensora en aquel proceso. Pidió que se deje de presentar esa experiencia como una vinculación directa y permanente con el narcotraficante.

Delgado destacó que ha desarrollado su carrera principalmente en materias civil y familiar, aunque decidió postularse para la especialidad penal por considerarla un área de interés profesional. Aseguró cumplir con los requisitos establecidos por la convocatoria del proceso electoral judicial y afirmó que su motivación principal es consolidar su trayectoria mediante el servicio público.

En declaraciones posteriores, expresó que desea dejar un legado a su familia y que su desempeño como jueza buscará apegarse a los principios de imparcialidad. Mencionó que la decisión de participar en el proceso fue voluntaria y que su intención es contribuir desde el ámbito judicial al fortalecimiento institucional.

El proceso de selección y elección de jueces en Chihuahua se llevó a cabo mediante un modelo mixto, en el que intervienen los tres poderes del estado. Aunque el CEPL emitió observaciones de elegibilidad, el sistema permite postulaciones desde otros poderes, lo que posibilitó su candidatura y eventual elección.