Así avanza la reducción de la jornada laboral en México: ¿Qué estados ya están en discusión?

Este jueves 19 de junio, en punto de las 9:45 de la mañana, el Museo de la Ciudad de México abrió sus puertas al primero de los seis foros regionales organizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como parte del proceso participativo para implementar la reforma laboral que reduciría la jornada semanal de 48 a 40 horas.

La iniciativa forma parte de un plan de implementación gradual anunciado por el gobierno federal, que se llevará a cabo del 19 de junio al 7 de julio, y que busca recabar opiniones y propuestas de diversos sectores para definir cómo se aplicará la medida en todo el país.

Aunque actualmente la capital del país es la primera demarcación en discutir dicho tema, el siguiente foro se llevará a cabo el 23 de junio en Monterrey, Nuevo León, una de las zonas industriales más importantes del norte del país. Posteriormente, el 26 de junio, la discusión llegará al occidente, con una sede en Guadalajara, Jalisco, donde se espera una amplia participación del sector tecnológico y académico.

El 30 de junio, el turno será para el noroeste, con un foro en Tijuana, Baja California, una ciudad fronteriza clave en el panorama laboral y comercial. Ya en el mes de julio, el 3 de julio se realizará un foro en Querétaro. Finalmente, el ciclo cerrará el 7 de julio en Cancún, Quintana Roo, donde se incorporarán perspectivas del sector turístico.

La propuesta de reducir la jornada laboral en México surgió en 2023, cuando la diputada Susana Prieto Terrazas presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para establecer una semana laboral de 40 horas con dos días de descanso obligatorio, sin embargo, no fue votada entonces.

En 2024, Movimiento Ciudadano presentó una alternativa de aplicación gradual y, para 2025, ya se habían registrado al menos seis iniciativas diferentes en el Congreso, lo cual reflejó la necesidad de ajustar la legislación laboral a los estándares internacionales.

El anuncio definitivo llegó en mayo de 2025, cuando el gobierno federal, en el marco del Día del Trabajo, presentó formalmente el plan de reforma para reducir progresivamente la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas en el año 2030.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, subrayó que la reforma busca más que una simple modificación legal, pues “reducir la jornada laboral es reconocer que el bienestar no puede depender únicamente del ingreso, sino también del tiempo disponible para la vida, la familia, el descanso, la salud y la participación comunitaria”.

Bolaños López destacó que México está en condiciones para avanzar en este cambio estructural, “gracias a su estabilidad económica, un mercado laboral en crecimiento y un renovado marco de derechos laborales”, por lo que la participación ciudadana en los foros mencionados será clave para definir los mecanismos de implementación que mejor se adapten a las condiciones de cada región y sector productivo.

Al respecto, un estudio del centro de investigación, opinión y divulgación del Grupo Adecco recuperó datos de la encuesta Termómetro Laboral de OCC, en la que se reveló que el 68% de los trabajadores mexicanos espera beneficios directos de una jornada más corta, entre los que destacan mejor salud mental, reducción del estrés y más tiempo para el ocio y la vida familiar.

Sin embargo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advierte sobre posibles impactos en el corto plazo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan el 96% del aparato productivo nacional. De acuerdo con su análisis, estas podrían enfrentar un aumento de hasta el 36% en sus costos laborales si optan por pagar horas extras, o del 22% si contratan nuevo personal para cubrir las mismas tareas.

Desde el gobierno federal, esta reforma laboral se presenta como un intento de justicia social bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Es apostar por una economía que valore el tiempo de las personas, sus familias y su salud. Es, en última instancia, avanzar hacia un país más democrático, donde el desarrollo no sea privilegio, sino un derecho compartido”, afirmó.