Infonavit registra 145 mil viviendas invadidas en el país; gabinete de seguridad advierte que se investigarán los allanamientos

La titular de la Secretaría de Gobernación afirmó que las investigaciones por desalojo deben respetar la propiedad y no ignorar las denuncias de los propietarios originales

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Rosa Icela Rodríguez afirma que
Rosa Icela Rodríguez afirma que ninguna medida puede violar el derecho de propiedad privada (Presidencia)

Durante la mañanera del día de hoy, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, fue cuestionada sobre las 145 mil viviendas que se encuentran invadidas y la estrategia del Infonavit para evitar desalojos.

Se cuestionó a Rodríguez si esta medida no instaría a las personas a normalizar esta situación, incluso a fomentarla.

“Hay este programa del Infonavit que dice ´no a los desalojos de las viviendas ocupadas´, nosotros agregaríamos que la excepción está el que si hay una carpeta de investigación por un despojo”, mencionó.

También agregó que ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia en donde hay un propietario.

“Si hay un tema de un allanamiento o algo más tendrá que investigarse”, agregó, además de aclarar que no pueden pasar por encima del derecho a la propiedad privada.

Rosa Icela Rodríguez mencionó que esto no significa que estén en contra de medidas conciliatorias.

La estrategia del Infonavit

Hay un gran número de
Hay un gran número de viviendas con irregularidades (Presidencia)

En un censo realizado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se identificaron aproximadamente 843 mil viviendas con algún tipo de irregularidad.

De ese total, 168 mil ya han sido inspeccionadas por servidores de la nación.

El director del Infonavit, Octavio Romero, informó que en 145 mil de esas viviendas se detectó que están habitadas por personas que no son los titulares del crédito, es decir, están ocupadas de manera irregular.

A estas personas se les propondrá regularizar su situación sin riesgo de desalojo. Según adelantó Romero, se les ofrecerá la posibilidad de comprar la vivienda a precios accesibles, a través de un esquema de renta con opción a compra, con el cual podrían completar el pago en un plazo de cuatro a cinco años.

En caso de que los propietarios originales aparezcan y reclamen su vivienda, se les ofrecería la posibilidad de recibir otra propiedad en lugar de la ocupada.