Aprobación de “Ley Ciberasedio” en Puebla, causa críticas, acusan censura

Este 14 de junio, entró en vigor en Puebla la que ha sido denominada “Ley Ciberasedio”, luego de que fuese publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE), la cual reforma al Código Penal local, de tal forma que tipifica y sanciona conductas referentes al uso indebido de tecnologías de la información.

La iniciativa fue presentada el año pasado por José Luis García Parra, quien ahora funge como coordinador de gabinete en el gobierno poblano de Alejandro Armenta, y hasta apenas esta semana, pese a las críticas y observaciones de organizaciones, fue publicada por la LXII Legislatura del Congreso en sesión pública ordinaria.

Según los legisladores con esta Ley se pretende, “proteger de manera integral los derechos de los y las menores al garantizar un entorno digital seguro que respete y promueva derechos fundamentales como la protección contra la violencia, el acoso y la explotación en línea”.

En este decreto se contempla adicionar el artículo 480, que a la letra dice, “quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.

Con respecto a la sanción del delito de ciberacoso, la Ley dice que se le impondrá una pena que puede ir desde los once meses hasta tres años de prisión, así como una multa de 50 a 300 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es decir, un aproximado total de 30 mil pesos.

A quien cometa el delito de ciberacoso la en contra de menores de edad, la pena aumentará “desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima”.

Previo a que el congreso de Puebla aprobara la “Ley Ciberacoso”, las organizaciones Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla hicieron un llamado a los legisladores a rechazar el decreto que más tarde, aprobaron.

Ambas organizaciones indicaron que los delitos incorporados “incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas”.

Advirtieron que los delitos podrían perjudicar a la ciudadanía de manera arbitraria, de manera particular a personas periodistas y a medios de comunicación.

En redes sociales, internautas han mostrado su descontento en contra de lo aprobado por la LXII Legislatura del Congreso local e impulsado por el gobierno de Alejandro Armenta.

Los internautas aseguran que esta Ley fue aprobada en Fast Track, debido a los intereses del gobernador, ya que ha sido criticado de manera constante y bajo el anonimato de una cuenta en la red social X.