Así recluta el CJNG migrantes para enlistarlos en el narco mexicano con tácticas y engaños

El 6 de mayo, nueve personas extranjeras fueron detenidas en la región de Tierra Caliente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, según los primeros informes, los individuos arrestados serían presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas del país.

Dos días más tarde, el gobierno estatal advirtió sobre un fenómeno que encendió las alertas, el reclutamiento sistemático de migrantes por parte del CJNG para reforzar sus operaciones. De acuerdo con declaraciones del secretario Carlos Torres Piña, algunos de estos extranjeros participan directamente en la instrucción de sicarios, particularmente en la fabricación de explosivos, mientras que otros habrían sido captados mediante ofertas laborales falsas.

El señalamiento no solo confirma una estrategia preocupante del crimen organizado, sino que también coincide con un alarmante aumento en el uso de armamento sofisticado, como drones con carga explosiva, y la colocación de minas antipersonales en regiones en disputa, lo que eleva el nivel de violencia y pone en riesgo a la población civil.

La detención de José Gregorio Lastra, mejor conocido como “Lastra”, reveló el uso sistemático de redes sociales para atraer personas específicamente al servicio del CJNG. El ahora detenido fungía como cabecilla en un esquema de reclutamiento que operaba desde campos clandestinos en el occidente del país.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló el 24 de marzo en su cuenta oficial de X (@Oharfuch) cómo operaba esta red, tras los hallazgos obtenidos en el rancho Izaguirre, localizado en marzo en Teuchitlán, Jalisco.

 “El área de Investigación y Patrullaje Cibernético de la @SSPCMexico realizó la búsqueda y análisis de perfiles en redes sociales relacionados con el reclutamiento para actividades de delincuencia organizada, lo que permitió dar de baja 39 páginas en redes sociales”, publicó Harfuch.

Según la SSPC, la estructura dirigida por Lastra publicaba vacantes falsas en grupos cerrados, donde mencionaban de forma ambigua su relación con el crimen organizado. Las supuestas ofertas prometían sueldos que oscilaban entre los cuatro mil y los 12 mil pesos semanales, bajo el engaño de trabajos como guardias de seguridad.

Una vez enganchados, los candidatos eran citados en terminales de autobuses y posteriormente trasladados, donde comenzaba un adiestramiento forzado, el proceso incluía manejo de armas, rutinas físicas intensas y una estricta incomunicación, al llegar al lugar, los nuevos reclutas entregaban todas sus pertenencias, recibían uniforme táctico y quedaban completamente aislados del exterior por aproximadamente un mes.

Tras concluir esta fase, se les asignaban funciones específicas dentro del CJNG, distribuyéndolos en distintas regiones para reforzar las células criminales. No obstante, el adiestramiento no era opcional, pues quien llegara a negarse era sometido a torturas, golpizas o hasta la muerte.

El reclutamiento forzado de migrantes por parte del narco no responde únicamente a razones económicas, sino a una lógica de supervivencia impuesta por contextos violentos, así lo expone un estudio publicado en la Revista de Estudios Sociales de la Universidad de Los Andes, en Colombia, donde se analiza cómo los grupos delictivos convierten a personas vulnerables en instrumentos de su maquinaria criminal.

El estudio, elaborado por el investigador Simón Pedro Izcara Palacios, académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se basa en 53 entrevistas a centroamericanos que fueron secuestrados y obligados a colaborar con organizaciones delictivas durante su paso por México.

La investigación plantea que esta transformación no obedece al deseo de lucro, sino al instinto de conservar la vida: “Los migrantes se transforman en delincuentes, no por un incentivo económico, sino por temor a perder la vida. El aislamiento del individuo y la traición a la solidaridad de grupo dejan a las personas sin asideros”, afirma el texto.

El artículo, publicado en 2016, sostiene que antes de 2007 los migrantes podían cruzar el país sin enfrentar los niveles de violencia que hoy predominan. No obstante, el endurecimiento del control territorial por parte del crimen organizado y la caída de ingresos derivados del narcotráfico llevaron a los cárteles a explotar nuevas fuentes.

“Hasta hace menos de una década los migrantes centroamericanos podían transitar por México con relativa seguridad. Pero a partir de 2007, la delincuencia organizada encontró en el secuestro de migrantes centroamericanos en tránsito una fuente estable de ingresos para contrarrestar tanto la pérdida económica ocasionada por el declive del negocio del narcotráfico”.

Actualmente, estas personas generan tres tipos de utilidad para las estructuras criminales, rescates pagados por familiares, cuotas por transitar zonas dominadas y trabajos forzados, muchos jóvenes son forzados a integrarse como informantes, vigilantes o sicarios, mientras los adultos mayores son extorsionados o liberados tras el pago exigido a sus parientes.

“El estudio documenta que quienes atraviesan sin acompañamiento profesional son más propensos a ser capturados. Los mayores enfrentan extorsiones económicas; los menores, cooptación violenta”, señala el informe.

El fenómeno, clasificado como violencia postestructural, describe la anulación progresiva de la voluntad bajo coerción, donde las víctimas terminan ejerciendo violencia para no morir, en ese entorno deshumanizante, el crimen organizado borra la frontera entre el oprimido y el agresor.