Estudiantes de escuela de Nayarit atrapados en limbo burocrático para obtener sus títulos profesionales

En un caso más de David contra Goliat, un grupo de estudiantes de una escuela con sede en Nayarit han enfrentado todos los obstáculos que les impide el poder obtener su certificado y la cédula que los ostentaría como profesionales en podología.

“De todas las escuelas a nivel nacional, la mejor catalogada y la más reconocida era la Escuela Técnica Profesional en Podología de Nayarit”, así es como Rosario Ruiz Flores, Erika Valdez Tolentino, Alejandro Zavala, Guadalupe Reyna Fuentes y Raúl Vicente Falcón, fue lo que consideraron para su elección; “nunca hubo indicios de irregularidades o cosas raras que nos hicieran desconfiar de la institución, al contrario, todo se veía excelente e incluso el profesorado era de lo mejor”, manifestaron los agraviados.

Y como muestra de ello, los afectados tienen documentos que avalan su “legitimidad” ante instancias educativas como boletas, credenciales, instalaciones óptimas, calificaciones, tesinas, cartas de pasantes, diplomas, comprobantes de pago, plataforma en línea y el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) EMPT-1817-010-2010; la Clave de Centro de Trabajo 18PET0245D, con dirección en Madreselva 21, colonia San Juan, Tepic, Nayarit, elementos de los cuales ninguno de los más de 300 involucrados desconfió.

Cabe decir que además del prestigio escolar, el colegio tenía presencia en más de 19 estados del país, incluidas la Ciudad de México, Estado de México, Monterrey y Jalisco, las más concurridas, entre otras como Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Baja California, Tabasco, Quintana Roo, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, por mencionar algunas.

Desde antes, durante y después de la pandemia de COVID comenzaron a darse las irregularidades para que los egresados obtuvieran su cédula profesional que los avalaba como Técnicos Profesionales en Podología, incluso usaron de pretexto dicha situación para justificar los atrasos del proceso.

“Como se atravesó la pandemia, se paró todo, no hay trámites, no hay nada, pero en cuanto termine todo fluirá sin problema”, les dijeron, pero no fue así.

En exclusiva para INFOBAE México, los afectados señalaron que una de las estrategias que utilizaban las autoridades del mencionado instituto, encabezadas por el podólogo José Guillermo de la Paz, con el afán de “deslumbrarlos”, era invitarlos a ceremonias de titulación o de entrega de reconocimientos en diversas sedes con todos los gastos pagados, lo que de cierta manera confirmaba ese supuesto renombre a nivel nacional; lo que derivaba en su posterior inscripción.

No obstante, la coladera se destapó cuando de La Paz murió, ya que de inmediato comenzaron los problemas entre familiares y personas allegadas con el objetivo de hacerse de todo lo referente a los bienes y recursos del occiso, pero meses después, el primero en desistir fue su hijo Alejandro de La Paz, quien se desvinculó de todos los temas académicos, económicos y administrativos, cediéndoselos a Jadille Elvira Estrada Yaver, quien durante el proceso judicial que se desencadenó posteriormente se ostenta como Encargada de Control Escolar, según consta en documentos a los que se tuvo acceso.

Tras el deslinde, comenzó el viacrucis para los universitarios que culminaron sus estudios en el periodo de 2019 al 2023, ya que desde entonces se les ha negado la validación de sus títulos y cédulas profesionales, sin ningún tipo de argumento, más que la negativa “sin sentido” por parte de todas las instancias, oficinas y autoridades involucradas en el proceso -de lo cual se tienen documentos que así lo avalan-.

Incluso el propio gobierno del estado de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, se ha desmarcado y ha negado su apoyo, “¿Cuándo mejorará la atención en las oficinas públicas, donde la ciudadanía se enfrenta al desdén y la burocracia? (...) En Nayarit, la podredumbre no está sólo en las tribunas, sino bien metida en oficinas gubernamentales”, refiere la columna Frentes Políticos del 2 de junio, publicada en el periódico Excélsior, lo cual corrobora lo mencionado.

Por tal razón, un grupo de 150 alumnos, inicialmente, decidió ir por la vía legal para hacer frente a los inconvenientes, provenientes de 19 estados, todos completaron entre 2019 y 2021, sus estudios, incluyendo la realización del servicio social, tesina, prácticas profesionales y examen profesional.

Con el tiempo, diversas complicaciones han generado que varios de ellos abandonen el proceso judicial encabezado por la abogada Alicia Álvarez Macias, directora de 8 11 Abogados, actualmente solo 105 mantienen una demanda colectiva penal para reclamar su derecho que pese a 31 amparos ganados, siguen sin tener.

El no contar con su cédula profesional o certificado ha propiciado la pérdida de oportunidades laborales y económicas, ha dañado a sus familias y su prestigio.

Ni qué decir de lo anímico o de las implicaciones administrativas ante instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) cuyos representantes han visitado los lugares donde ofrecen sus servicios y al no tener “algo” que los certifique como especialistas en la materia, son susceptibles a multas, clausuras y/o suspensiones.

“Nos están quitando la oportunidad de poder participar en los programas de salud, que en últimas fechas ha fomentado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No pedimos nada extraordinario, ni mucho menos recursos financieros o violentando algún derecho”, motivo por el cual le solicitan su intervención.

“Estamos dispuestos a que nos evalúen o a realizar cualquier prueba ante alguna institución competente, estamos en la mejor disposición, pero procesos burocráticos detienen nuestra profesionalización, no somos responsables del desorden de las autoridades involucradas”, concluyeron los entrevistados.