Abogado de Rafael Caro Quintero revela cómo vive el capo en prisión de EEUU: “Está muy triste”

El histórico narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, considerado uno de los pioneros del narcotráfico moderno en México, vive hoy bajo condiciones de aislamiento extremo en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

El capo del extinto Cártel de Guadalajara permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), en Nueva York, donde también se encuentran otros presos de alto perfil como Ismael “El Mayo” Zambada, el mafioso italiano Luigi Mangione y el músico estadounidense Diddy Combs.

El llamado “Narco de narcos”, de setenta y dos años, fue entregado en febrero pasado junto con otros veintiocho presuntos criminales. La entrega ocurrió en el marco de una presunta negociación diplomática que buscaba frenar una ofensiva comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México. Sin embargo, la acción no logró detener los aranceles impuestos por la administración republicana.

A tres meses de estos hechos, Thomas Fagerberg, uno de sus abogados, rompió el silencio y dio una entrevista exclusiva al programa La Saga, de Adela Micha, en donde habló desde el estado de ánimo de su cliente hasta la estrategia que están siguiendo para librarlo de la posible pena de muerte.

De acuerdo con Fagerberg, Caro Quintero permanece bajo las llamadas Special Administrative Measures (SAM), un protocolo carcelario reservado en general para presuntos terroristas o delincuentes considerados de alto riesgo.

Bajo estas disposiciones, el acusado tiene contacto exclusivamente con sus abogados y un intérprete aprobado por las autoridades estadounidenses. El resto de la comunicación con el exterior está completamente restringida, por lo que no puede hablar con familiares.

“Está muy triste, porque está fuera de contacto con la mayoría de la gente. El gobierno impuso las SAM, medidas especiales administrativas que restringen las acciones de la persona acusada”, explicó Fagerberg.

Esta condición de aislamiento ha generado preocupación entre sus defensores, tanto por su estado anímico como por las implicaciones legales que conlleva. Aunque no se mencionan enfermedades físicas concretas, Fagerberg expresó preocupación por los efectos del aislamiento prolongado, especialmente por su edad avanzada.

También indicó que el proceso legal es estresante no solo para el acusado, sino para el equipo legal, y reconoció que la salud y la edad serán factores relevantes en la estrategia de defensa.

El abogado estadounidense detalló además que la defensa aún se encuentra en una etapa preliminar, concentrada en reunir evidencias que se encuentran, en su mayoría, en México. Parte de esa documentación incluye más de 900 mil páginas que deben ser traducidas y analizadas antes de definir una estrategia legal clara.

La situación jurídica de Caro Quintero es compleja y aún incierta. El pasado 26 de marzo, el juez Frederic Block, encargado del caso en una corte federal de Nueva York, urgió a la defensa y a la Fiscalía a avanzar en la discusión sobre si la pena de muerte es legalmente aplicable al acusado.

En la misma audiencia, se ratificó la designación de Elizabeth Macedonio como abogada de oficio especializada en este tipo de procedimientos. El juez concedió un plazo de noventa días —hasta el próximo 25 de junio— para que las partes definan si el cargo principal que enfrenta Caro Quintero, por “organización criminal continuada”, puede llevarlo a la pena capital.

Este cargo es un paraguas legal que abarca diez delitos, incluyendo narcotráfico, uso ilegal de armas de fuego y, especialmente, conspiración de asesinato por el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Macedonio precisó que solo esa acusación permitiría la aplicación de la pena de muerte.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración de Trump, deberá decidir si autoriza solicitar la pena capital, y en caso de llegar a juicio, será un jurado ciudadano quien determine la culpabilidad de Caro Quintero y si corresponde dicha sentencia.

Durante la audiencia de marzo, Caro Quintero fue presentado sin esposas, vestido con uniforme penitenciario verde y una camiseta naranja. Estuvo acompañado por su sobrino Ismael Quintero Arellanes, alias “El Fierro”, también extraditado por narcotráfico.

Al evento asistieron una treintena de agentes de la DEA, una presencia que refleja el alto perfil del caso. La Fiscalía de Nueva York lo describe como uno de los “jefes de cártel más malvados del mundo” y un “pionero de la industria mexicana del narcotráfico”.

Se le atribuye haber portado una pistola Colt .38 con un diamante incrustado en la empuñadura y la inscripción “R-1” grabada en oro, un símbolo de poder y jerarquía dentro del crimen organizado de los años ochenta.

El equipo legal de Caro Quintero reconoció esta semana que el proceso judicial puede extenderse por meses o incluso años. En este momento, según Fagerberg, la prioridad es evitar la pena de muerte, teniendo en cuenta no solo los aspectos legales, sino también el estado de salud y la avanzada edad del acusado.

Además, la defensa podría argumentar que Caro Quintero ya cumplió más de treinta y dos años de prisión en México por el mismo delito. Aunque la ley estadounidense considera que ambos países son jurisdicciones soberanas, por lo que las condenas no son acumulativas, los abogados podrían plantear que aplicarle una nueva pena —posiblemente capital— sería injusto y desproporcionado.

“Ya sufrió mucho, ya tiene su edad, ya pasó una gran parte de su vida en la cárcel. Y ahora, para empezar de nuevo, aunque sea legal, no es justo”, expresó Fagerberg durante la entrevista.

Recalcó que su tarea como abogado no es justificar crímenes ni fabricar pruebas, sino asegurar que el proceso se lleve con legalidad, transparencia e imparcialidad, detectando posibles fallas o abusos por parte de la autoridad.

El abogado también reveló que, hasta el momento, no ha existido contacto consular del gobierno mexicano con Caro Quintero tras su entrega a Estados Unidos. Aunque el acusado tiene derecho a esa asistencia bajo convenios internacionales, Fagerberg duda que el mismo gobierno que autorizó su entrega al país vecino tenga ahora la intención de involucrarse en su defensa.