Los rostros del “huachicol fiscal” en México: Roberto Cantú y su operación como “El Señor de los Buques”

En México, el contrabando de combustible ya no se esconde en caminos de tierra ni en tomas clandestinas perforadas de madrugada. Hoy llega en buques tanque, opera desde oficinas de lujo y se gestiona a través de flotillas empresariales con apariencia legal. Una de las figuras más visibles de este modelo es Roberto Blanco Cantú, un empresario de 30 años que responde también al alias de “Roberto Brown” y que en documentos oficiales de seguridad mexicanos es referido como “El Señor de los Buques”.

Desde el piso 50 del Metropolitan Center ―en San Pedro Garza García, Nuevo León― dirige Mefra Fletes, empresa que, junto con Autolíneas Roca y Montimex, está bajo investigación por su presunta participación en el esquema de huachicol fiscal más relevante detectado en los últimos años. En marzo de 2025, las autoridades federales decomisaron 18 millones de litros de diésel en los puertos de Altamira y Ensenada: una serie de operaciones que marcaron el inicio de una ofensiva federal contra esta red con vínculos que alcanzan al Cártel del Golfo, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a operadores aduanales.

Aunque no ha reportado ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en al menos cinco años, Blanco Cantú controla una infraestructura de transporte con más de 300 tractocamiones y 600 pipas que cuentan con presencia en 15 estados aproximadamente. Sus compañías, registradas como proveedores de servicios logísticos, habrían facilitado el ingreso irregular de combustibles desde Texas, lo cual lograba evadir impuestos federales mediante la simulación de importaciones y el uso de documentación alterada.

El huachicol fiscal, a diferencia del robo tradicional de ductos, opera a través de la estructura formal del comercio exterior. Se declara la entrada de productos que no son hidrocarburos o se utilizan empresas fachada para introducir diésel sin el pago de los aranceles correspondientes. Este modelo requiere contactos dentro de aduanas, operadores navieros y redes de distribución terrestre.

El 19 de marzo de 2025, autoridades federales decomisaron un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas, que transportaba 10 millones de litros de diésel. La embarcación, identificada como Challenge Procyon, había declarado transportar aditivos para aceites lubricantes, pero se descubrió que llevaba combustible ilícito tras una inspección. En el operativo también se aseguraron 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.

De forma paralela, en el puerto de Manzanillo, Colima, otro caso reveló los niveles de complicidad institucional en este esquema. El buque Torm Agnes, de bandera extranjera, arribó con documentación que señalaba el transporte de aditivos para aceites vegetales. No obstante, durante la revisión posterior se determinó que en realidad transportaba más de dos millones de litros de diésel, los cuales fueron descargados sin revisión física y bajo la modalidad conocida como “despacho en ausencia”.

El caso cobró notoriedad cuando se confirmó que la autorización para dicha descarga fue firmada por el entonces director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Guaymas: el vicealmirante retirado Ernesto Gastélum López. Según informes de inteligencia y documentación interna de la Secretaría de Marina (Semar), la decisión de permitir el ingreso del combustible sin verificación física habilitó el uso de un muelle que no contaba con autorización para operaciones de hidrocarburos, violando así la normativa portuaria y fiscal.

El vicealmirante Gastélum López fue cesado de su cargo tras la revelación de estos hechos. En su lugar, la Marina designó como nuevo titular de la Asipona Guaymas al contralmirante Ernesto Bañares Rosete, quien previamente fungía como Capitán de Puerto en la misma terminal marítima. La decisión fue interpretada como parte de la reestructuración urgente que impulsa el gobierno federal para cerrar filas en torno a la operación portuaria y reducir la infiltración de redes criminales en procesos de importación.

Ambas operaciones evidencian la sofisticación de las redes de huachicol fiscal, que utilizan rutas marítimas internacionales y documentación falsificada para introducir combustible ilegal al país.

El nombre de Rigoberto Blanco Cantú, hermano mayor de Roberto, es central en las investigaciones abiertas tanto en México como en Estados Unidos. Conocido como “Rigoberto Brown”, fue detenido por el FBI en 2022 por su presunta participación en una red de extorsión aduanal encabezada por Osiel Cárdenas Guillén, histórico fundador del Cártel del Golfo.

De acuerdo con documentos de inteligencia, el hermano de “El Señor de los Buques” operaba en los cruces fronterizos de Tamaulipas. Ahí, facilitaba el ingreso de mercancías ilegales a través de amenazas, corrupción y vínculos con funcionarios locales. Parte de estos ingresos habrían sido canalizados hacia grupos asociados al cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Informes de seguridad y reportajes de medios internacionales han documentado cómo estas operaciones logísticas sirven para financiar ofensivas armadas del CJNG. Según Vice News, una de las principales alianzas se habría dado con Los Metros, grupo que controla parte del territorio en el noreste del país. Bajo el liderazgo de César Morfín Morfín, alias “El Primito”, esta facción canalizó recursos obtenidos del contrabando de combustible para el financiamiento de acciones armadas en Michoacán, particularmente en Aguililla, bastión del grupo encabezado por Oseguera Cervantes.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación formal contra Mefra Fletes. En una carta enviada a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el apoderado legal del empresario José René Tijerina Mendoza —socio de Blanco Cantú— reconoció que sus representados están al tanto de una indagatoria derivada de sus vínculos con Mefra Fletes y Montimex.

Tijerina y Roberto Brown compraron en 2019 las acciones de Mefra Fletes, una empresa que habría sido utilizada para distribuir diésel importado ilegalmente desde Estados Unidos. La empresa fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de un conglomerado de compañías relacionadas al CJNG.

Antes, en 2018, José de Jesús Tapia, socio de Brown, habría inyectado capital a Regio Transportación, empresa vinculada con el Cártel del Golfo. Aunque Tijerina asegura haberse desvinculado de estas operaciones en 2020, los registros obtenidos por la FGR incluyen actas societarias, contratos con Pemex, convenios modificatorios y relaciones con firmas en Veracruz, Sonora, Baja California y Tamaulipas.

El caso ha escalado al más alto nivel del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha convertido el combate al huachicol fiscal en una prioridad de su agenda de seguridad. La decisión no solo busca frenar el daño al erario público, sino también disputar espacios de poder a operadores políticos ligados al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, que aún controlan posiciones estratégicas en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha tomado el control de la operación. Dos perfiles clave de su confianza fueron designados para ejecutar esta ofensiva: Israel Benítez López, ahora titular de Pemex Logística, y César Oliveros Aparicio, quien fue nombrado como responsable de la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos (FEMDO). Esta dupla lidera la respuesta institucional al esquema de tráfico de combustibles detectado en puertos clave como Altamira, Manzanillo y Ensenada.

El caso de Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, no es un episodio aislado. Representa un punto de confluencia entre estructuras empresariales que simulan legalidad, redes de lavado de dinero y financiamiento del crimen organizado. Su impacto alcanza al sistema aduanal, al aparato fiscal, a Pemex y a las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

La narrativa de la administración federal busca establecer un precedente: cortar el flujo económico que sostiene a los grupos criminales a través del control del mercado energético informal. El desmantelamiento de Mefra Fletes y de sus socios comerciales será una prueba para las capacidades investigativas y operativas del nuevo gabinete de seguridad.