Familia del exalcalde de Teuchitlán tendría nexos con red de huachicol fiscal del CJNG

El caso del exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión “N”, ha escalado más allá del hallazgo de un centro de reclutamiento clandestino en el Rancho Izaguirre que era operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una reciente investigación periodística y reportes oficiales apuntan ahora a que familiares directos del exfuncionario habrían tenido participación en una red empresarial involucrada en el tráfico ilegal de hidrocarburos, actividad conocida como huachicol fiscal, que a su vez también está presuntamente vinculada al CJNG y al Cártel del Golfo, organizaciones criminales que han forjado una alianza en Tamaulipas, según el National Drug Threat Assessment (NDTA), el último reporte de la DEA sobre crimen organizado.

Cabe apuntar que el excalalde fue detenido el 3 de mayo de 2025 y vinculado a proceso judicial por el delito de delincuencia organizada agravada, en su carácter de servidor público. El 12 de mayo, una jueza federal en los juzgados de Puente Grande ordenó su prisión preventiva por hasta dos años, mientras se lleva a cabo la investigación complementaria por el caso del Rancho Izaguirre.

De acuerdo con un reportaje de la periodista Fátima Monterrosa, para N+, el hermano y el sobrino del exalcalde, identificados como José Isabel Murguía Santiago y José Ignacio Flores Santiago, figuran como socios, apoderados y administradores de al menos dos empresas involucradas en el contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos hacia México: Mefra Fletes e Impulsora de Productos Sustentables.

Según la investigación, Mefra Fletes fue constituida en 2015 en Guadalajara. En 2017, Flores Santiago, sobrino del exalcalde, fue registrado como apoderado legal.

Posteriormente, en abril de 2019, se incorporaron a la empresa Roberto Blanco Cantú (también conocido como Roberto Brown Cantú) y José René Tijerina Mendoza, quienes son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su posible participación en el histórico decomiso de más de 18 millones de litros de hidrocarburos en los puertos de Ensenada (Baja California) y Altamira (Tamaulipas), entre el 28 y 31 de marzo de este año.

En ese mismo acto administrativo, también fue registrado como socio y administrador José Isabel Murguía Santiago, hermano del exalcalde.

La operación que llevó al decomiso de millones de litros de combustible fue parte de una estrategia conjunta de la Secretaría de Marina, la FGR y la SSPC, que reveló la existencia de una red de empresas fachada, rutas marítimas internacionales y documentación aduanal presuntamente manipulada.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió el 31 de marzo de 2025, cuando fue asegurado el buque Challenge Procyon, con bandera de Singapur, en el puerto de Altamira. El barco declaró transportar aditivos para aceites lubricantes, pero las inspecciones revelaron que llevaba 10 millones de litros de diésel, sin la documentación fiscal correspondiente.

En este contexto, Mefra Fletes fue mencionada en diversos informes como una de las compañías involucradas en la distribución de dicho combustible. Por su parte, la empresa Impulsora de Productos Sustentables fue investigada desde 2021 por su presunta participación en el robo de combustible a plataformas de Pemex en el Golfo de México.

Autoridades de Estados Unidos han confirmado recientemente que el CJNG y el Cártel del Golfo habrían formado una alianza operativa para el tráfico internacional de hidrocarburos, utilizando una red de empresas fachada tanto en México como en el extranjero.

Según los reportes, las firmas mencionadas en esta investigación forman parte de una estructura mucho más amplia, que incluye al menos 15 empresas fantasma, relacionadas con facturación irregular, lavado de dinero y contrabando.

El caso ha sido calificado por la FGR como uno de los decomisos de combustible ilegal más grandes en la historia reciente de México, no solo por el volumen asegurado, sino por el nivel de sofisticación logística y financiera del esquema.

De acuerdo con reportes oficiales y análisis de inteligencia tanto en México como en Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha diversificado sus actividades delictivas en los últimos años, consolidando una operación estructurada de contrabando de hidrocarburos a gran escala.

A diferencia del robo tradicional en ductos, este modelo se basa en el ingreso legal simulado de combustible a través de aduanas marítimas, valiéndose de documentación manipulada, agentes aduanales coludidos y empresas fachada.

Este esquema ha permitido al grupo delictivo introducir millones de litros de diésel, lubricantes y otros derivados del petróleo por puertos, utilizando barcos internacionales que declaran productos distintos a los que realmente transportan.

La operación también implica el uso de empresas registradas formalmente ante autoridades fiscales y mercantiles. Estas compañías administran flotas de pipas, rentan predios de almacenamiento y gestionan trámites ante aduanas y dependencias regulatorias, muchas veces con papelería alterada o facturación irregular.

En las últimas horas, tres funcionarios del puerto y de la Aduana de Tampico fueron removidos de sus cargos por presuntos vínculos con el CJNG, en el marco de la investigación por el decomiso de huachicol. Entre los suspendidos se encuentran Hugo Alonso Rodríguez Aguilar, exsubgerente de Protección Portuaria de ASIPONA Tampico; Luis Jorge Goicochea Sotomayor, exadministrador de la Aduana de Tampico, y Francisco Javier Antonio Martínez, exdirector de Finanzas de la misma entidad.