Denuncian ante FGR al fiscal del caso Ayotzinapa por presuntos derroches y explotación laboral

El trabajo de las autoridades del Estado mexicano en la investigación en el caso Ayotzinapa enfrenta su peor crisis desde su creación después de que integrantes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) han presentado una denuncia formal contra su titular, el fiscal Rosendo Gómez Piedra, por presuntos actos de corrupción, malversación de recursos, acoso laboral y obstrucción de la justicia. Esta situación podría agravar el ya deteriorado proceso de búsqueda de justicia para los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

La denuncia, presentada el 28 de abril de 2025 bajo el seudónimo “Ricardo Domínguez”, fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal general Alejandro Gertz Manero. En el documento se detalla una serie de irregularidades cometidas por Gómez Piedra desde su llegada en 2022. Entre ellas, el uso indebido de recursos públicos, extorsión a empleados y contratación de personal sin perfil adecuado.

Según el escrito, el fiscal Rosendo Gómez Piedra habría obligado a trabajadores a comprar productos de allegados suyos (quesos artesanales) y, además, de exigir parte de sus bonos de productividad. También se le señala por presuntamente utilizar el edificio de la fiscalía para recibir clases de baile y contratar a personal inexperto. Supuestamente, a estos últimos les pidió su primer salario a cambio del puesto.

Estas acusaciones se suman a una gestión ampliamente cuestionada por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Desde su nombramiento, manifestaron su inconformidad por la falta de transparencia en el proceso de selección, así como por el nulo conocimiento de Gómez Piedra en temas de derechos humanos. A esto se suma el desmantelamiento de líneas de investigación clave, al igual que la renuncia o desplazamiento de fiscales con experiencia en el caso Ayotzinapa.

Gómez Piedra ha rechazado todas las acusaciones que se le han imputado. Ante ello, ha impulsado la versión de que se trata de represalias tras el despido de dos funcionarias a quienes acusa de robar información confidencial sobre extradiciones relacionadas con el caso. No obstante, organizaciones de derechos humanos y expertos han expresado preocupación por el deterioro de la fiscalía y la posible pérdida de avances obtenidos en años anteriores.

El caso Ayotzinapa es considerado uno de los más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México. Su resolución se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la actual crisis en la UEILCA amenaza con sepultar la verdad detrás de la desaparición de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Familiares de los estudiantes han exigido públicamente la renuncia del fiscal especial. A la par, han pedido que haya la designación de un nuevo titular con probada trayectoria en justicia transicional y derechos humanos. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido una postura clara sobre la situación.