Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión: “No hay censura”, explica la Agencia de Transformación Digital

El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, detalló los alcances de la iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual busca establecer un marco integral para regular el acceso, uso y explotación de las distintas formas de transmisión de información en México.

De acuerdo con el funcionario, la propuesta legislativa abarca de manera amplia todos los elementos que componen el ecosistema de telecomunicaciones en el país, desde la infraestructura física hasta los servicios que permiten la conectividad.

“La nueva ley regula básicamente todo el ecosistema de telecomunicaciones, el cómo distintas cosas se conectan entre sí para transferir información: internet, telefonía móvil, TV abierta y por cable, telefonía fija, radio, etcétera”, explicó este miércoles desde ‘La Mañanera’.

Peña Merino precisó que la iniciativa no sólo contempla la regulación de los servicios tradicionales, sino también de los medios e infraestructuras que permiten su operación. “Otra forma de decirlo es que se regula el acceso y el uso de señales de comunicación, es decir, quién accede a las formas de transmisión de información sea por el aire, cable, torres, etcétera, y qué uso se hace de esta infraestructura”, añadió.

Entre los aspectos clave de la propuesta se encuentran las concesiones de espectro —que determinan quién puede brindar servicios de telefonía celular—, así como la gestión y explotación de infraestructura como torres, antenas y satélites.

Peña Merino subrayó que el uso de estas redes podrá ser de carácter comercial, social o público, lo que abre la puerta a esquemas más incluyentes y diversos en la prestación de servicios. Asimismo, destacó temas como la interconexión, la compartición de infraestructura, la calidad de los servicios, la gestión de posiciones orbitales y la protección de derechos de audiencias y usuarios como componentes esenciales de la ley.

El funcionario compartió datos sobre el acceso a internet en México y subrayó que 10.2 millones de personas viven en zonas sin cobertura móvil 4G. Destacó que esta situación tiene profundas implicaciones, ya que el internet no sólo es un derecho en sí mismo, sino también una herramienta que permite ejercer otros derechos. Explicó que contar con acceso a la red brinda la posibilidad de expresarse, acceder a la educación y manifestar libremente las ideas, por lo que quienes carecen de conectividad enfrentan limitaciones para ejercer esos derechos de manera oportuna y en igualdad de condiciones.

Además, señaló que 4.4 millones de personas habitan en zonas donde sí existe cobertura móvil, pero no cuentan con los recursos económicos para contratar el servicio. Aclaró que, en la práctica, estas personas también se encuentran desconectadas, pues la disponibilidad de señal no se traduce en acceso real si no pueden costearlo. En total, advirtió, esta situación afecta al menos a 15 millones de mexicanos.

El funcionario remarcó que esta iniciativa tiene como objetivo conectar a todos los mexicanos. Entre los aspectos centrales, destacó la asignación de espectro para uso público, lo que permitirá ofrecer internet gratuito en oficinas gubernamentales y espacios públicos. Asimismo, se abre la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) brinde servicios comerciales en igualdad de condiciones que operadores privados, promoviendo mayor competencia y cobertura social.

Otro elemento clave es la obligación para las grandes empresas de telecomunicaciones de ampliar su cobertura social y carretera, a cambio de incentivos en el pago de espectro. También se facilita la interconexión de operadores comunitarios, sociales y públicos a las redes de los grandes concesionarios, con tarifas accesibles y no discriminatorias.

En cuanto a los derechos de los usuarios, la ley garantiza el acceso a equipos desbloqueados, la posibilidad de recargar saldo en cualquier establecimiento y establece medidas para proteger las posiciones orbitales de México. También obliga a las empresas a implementar planes de contingencia y retiro ordenado de cableado, así como el bloqueo de señales en centros penitenciarios.

Peña Merino subrayó que se restituyen los derechos de audiencias ganados en 2014, como la creación de códigos de ética y defensorías de audiencias, fortaleciendo la protección a los consumidores.