
En un esfuerzo por asegurar el acceso equitativo a un recurso esencial para millones de familias mexicanas, el Gobierno de México anunció una nueva actualización en los precios máximos del gas licuado de petróleo (gas LP), la cual estará vigente del 11 al 17 de mayo de 2025. Esta medida forma parte de una política integral que busca frenar prácticas especulativas en la cadena de distribución y asegurar condiciones justas para los consumidores.
El gas LP es un insumo indispensable en la mayoría de los hogares del país, utilizado para cocinar, calentar agua y mantener temperaturas adecuadas en los espacios habitables. En regiones con climas extremos, su uso es aún más crítico. Ante esta situación, las autoridades han reforzado su compromiso para combatir las irregularidades en su comercialización mediante una política de precios tope que fomente la transparencia, proteja a los consumidores y promueva una competencia equitativa en el sector energético.

Precios más accesibles y herramientas digitales para ayudar a la ciudadanía
Uno de los principales objetivos de esta estrategia es proteger el gasto familiar, evitando que el gas LP se venda a precios excesivos. Con los topes establecidos, el gobierno busca impedir que intermediarios abusen de su posición en el mercado, especialmente en zonas donde el acceso al producto es más difícil y costoso.
Además, la política exige a los distribuidores mejorar sus estándares de calidad y seguridad, beneficiando directamente a millones de usuarios. Las autoridades han señalado que este enfoque no sólo permite mantener precios justos, sino también elevar el nivel del servicio que reciben los consumidores.
Como complemento a esta política, se han habilitado plataformas digitales oficiales para que los ciudadanos puedan consultar semanalmente los precios máximos autorizados por región. Estas herramientas en línea permiten verificar si el costo pagado corresponde al precio oficial y, en caso contrario, presentar denuncias ante las autoridades correspondientes. Con esto se fortalece la defensa de los derechos del consumidor y se avanza hacia un mercado energético más transparente.

Variación regional en los precios
La más reciente actualización de precios refleja las variaciones regionales derivadas de factores como la geografía, los costos de distribución y la demanda. En el norte del país, por ejemplo, se encuentran algunos de los precios más bajos. En los municipios de Guerrero e Hidalgo, en el estado de Coahuila, el gas LP se ofrece a 17.90 pesos por kilogramo. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el precio es de 18.17 pesos, y en municipios de Sonora como Nogales, Sáric y Santa Cruz, el costo es de 18.28 pesos. En Naco y Agua Prieta, también en Sonora, se registran precios de hasta 18.58 pesos por kilogramo.
Por el contrario, en regiones como Baja California Sur, donde los costos logísticos son mayores, los precios son más elevados. En Loreto y Mulegé, el kilogramo de gas LP alcanza los 23.29 pesos, mientras que en Los Cabos es de 23.14 pesos. La Paz y Comondú presentan precios de 22.81 y 22.78 pesos, respectivamente.
En el sur del país, en municipios de Chiapas como La Trinitaria, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa, el precio por litro se ubica en 19.67 pesos. En el municipio de Carmen, Campeche, el precio es de 19.95 pesos por litro.
El Gobierno de México reiteró su llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales y consultar los precios actualizados semanalmente. Con esta acción, el Estado reafirma su compromiso con la justicia social, la seguridad energética y la protección del bienestar familiar, especialmente en las regiones más vulnerables del país, puedes consultar los precios aquí: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/995640/PRECIOS_MA_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_MAYO_DE_2025.pdf.
Esta política integral no solo representa una estrategia de control de precios, sino también un avance significativo hacia la democratización del acceso a los recursos energéticos, en un contexto donde la economía familiar requiere cada vez más apoyo frente a los desafíos inflacionarios y las desigualdades territoriales.
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