FGR frena medida cautelar del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles

En la reciente controversia de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la impugnación por la suspensión provisional que frenó la orden de aprehensión en contra del exfuncionario por los delitos de peculado y negocios fraudulentos por lavado de dinero.

Conforme a lo expedido por la autoridad fiscal, se le acusa al exgobernador por encabezar un esquema de desvío de recursos públicos de aproximado 3 mil 400 millones de pesos, lo anterior derivado de la compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil en algunos municipios de Michoacán.

Información expedida por Milenio informó que el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), Manuel Adrián Valdemar Patiño Ostoa, fue el encargado de interponer dicho recurso frente a la medida cautelar concedida por el secretario en funciones de juez federal, el pasado 22 de abril del 2025.

En la sesión de hoy 28 de abril, el juzgado recibió el recurso de queja de la FGR contra la suspensión provisional, debido a que fue el ministerio público federal quien solicitó la orden de aprehensión contra Aureoles Conejo ante una juez de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio.

Ante los recursos presentados, el asunto legal será dirigido a un Tribunal Colegiado en materia penal, el cual determinará la resolución de la medida y si estuvo bien fundada la suspensión provisional y la garantía de 52 mil pesos, lo anterior en un plazo de 48 horas.

Es importante mencionar que, la FGR señaló tanto al exgobernador y a cuatro de sus ex colaboradores por presuntamente causar un daño patrimonial por 3 mil 400 millones de pesos en la compra de cuarteles de la Guardia Civil.

En dicho ilícito se involucran los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en Michoacán. Silvano Aureoles enfrenta actualmente una orden de aprehensión y acusaciones por su presunta implicación en los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, mandamiento judicial que fue librado por una juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente.

El pasado 23 de abril, el exgobernador solicitó un amparo contra cualquier orden de captura en su contra, el cual fue otorgado por un secretario en funciones de juez.

Para que la medida fuera efectiva, se le impuso como garantía el pago de 52 mil pesos, cantidad que Silvano Aureoles ya cubrió, manteniendo así la vigencia de la medida cautelar que impide a la FGR detenerlo, incluso en caso de prisión preventiva justificada.

El acuerdo establece que la suspensión provisional tiene como alcance protegerlo de ser privado de su libertad, aun si se le impone prisión preventiva dentro del proceso penal. Esta medida continuará vigente hasta la audiencia incidental, en la que se determinará si se concede la suspensión definitiva.

Sin embargo, Aureoles aún debe cumplir con el requisito de presentarse ante el juez que lo requiere en un plazo de tres días hábiles; de no hacerlo, la suspensión será revocada.