
Ante la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, en el plazo límite, una serie de reformas internas para fortalecer sus mecanismos de transparencia y vigilancia sobre los partidos políticos.
A partir de estos cambios, el INE se constituye como la nueva autoridad garante en materia de transparencia y protección de datos personales respecto a los partidos políticos. Para ello, se creó una comisión integrada por tres consejerías, cuya gestión tendrá una duración de tres años y cuya presidencia será rotativa.
Además, se acordó que el INE tendrá facultad para resolver los recursos de revisión que presenten particulares contra las resoluciones emitidas por los partidos políticos en materia de transparencia, conforme a lo establecido por la ley.
Este nuevo esquema contempla dos niveles de actuación:
- Una comisión de consejerías, encargada de atender en primera instancia los asuntos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales.
- El Consejo General del INE, que fungirá como segunda instancia para conocer y resolver los recursos de revisión presentados por la ciudadanía.
Obligaciones en materia de transparencia
De acuerdo con lo establecido, esta nueva autoridad deberá garantizar que los partidos políticos nacionales cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia, asegurando el acceso a la información pública que generen o posean, así como el ejercicio de derechos como el acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de datos personales.
Estas disposiciones buscan asegurar que las decisiones del Instituto se mantengan alineadas con los principios rectores de la función electoral, así como con las normas en materia de transparencia y protección de datos.
Asimismo, como parte del rediseño del Sistema Nacional de Transparencia, se estableció que el INE, a través de su Presidencia, quedará incorporado a dicho sistema para garantizar su operatividad. En paralelo, se designó al Órgano Interno de Control (OIC) como el responsable de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia dentro del propio Instituto.
Estas disposiciones derivan de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, mediante la cual se eliminó al INAI y se otorgó a diversas autoridades competencias en materia de transparencia y acceso a la información. Así, el INE asume un nuevo rol fundamental no sólo en el ámbito electoral, sino también como garante de la rendición de cuentas y el respeto a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en el contexto de los partidos políticos.
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