Defendió a una mujer de un abuso y persiguió al agresor, pero a él lo metieron a la cárcel

El 15 de agosto de 2024, en una calle del fraccionamiento Las Vegas I de Boca del Río, el atleta veracruzano Irving Acosta frenó en seco. Lo que vio desde el volante no fue un obstáculo ni un semáforo, sino una escena de violencia: un hombre forcejeaba con una mujer para agredirla sexualmente y jaloneándola hacia un terreno baldío. Acosta, conocido por su paso por Exatlón México y bicampeón nacional en BMX, decidió intervenir. Lo que vino después fue un giro inesperado: el agresor terminó herido; él, detenido.

Acosta embistió al atacante con su camioneta para evitar que huyera en motocicleta. El sujeto, identificado como Raúl “N”, sufrió una lesión en la pierna y fue trasladado a un hospital en calidad de detenido. La mujer, protegida por el sigilo judicial, declaró que el deportista la había defendido. Aun así, la fuerzas del orden que atendieron el hecho arrestaron a Acosta en el lugar por el presunto delito de lesiones dolosas. El mensaje fue inmediato y polémico: detener a un agresor podía costar la cárcel.

“(A pesar del ‘acto de heroísmo’) Necesitamos que te presentes para que des tus declaraciones”, recuerda el veracruzano ante el inicio de lo que podría considerarse una “detención a la inversa”.

La noticia se esparció de forma inmediata. Deportistas, activistas, colectivos y ciudadanos comenzaron a exigir su liberación. “En un país donde los agresores sexuales suelen quedar impunes, se castiga a quienes intervienen para evitar un delito”, escribió la colectiva feminista Las Brujas del Mar.

Mientras tanto, en redes, el hashtag #JusticiaParaIrving creció como un grito colectivo. El Frente Nacional para la Sororidad se sumó. El Comité Olímpico Mexicano (COM) pidió garantías procesales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tomó nota igualmente.

La presión pública no tardó en surtir efecto. El 17 de agosto, tras pasar casi tres días en una celda, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz anunció que no presentaría cargos en su contra. Consideró que su intervención fue en legítima defensa de una tercera persona. En paralelo, el agresor fue imputado por el delito de tentativa de violación y permanece bajo custodia. Según la fiscalía estatal, sigue investigado su posible relación con otros ataques cometidos en la misma zona.

Acosta, de 28 años, es más que un rostro televisivo. Originario del Puerto de Veracruz, ha representado al estado en atletismo, ciclismo, y su trayectoria deportiva lo llevó a escenarios nacionales. En 2022 se ganó la atención del público al competir en el programa de resistencia física y competencia deportiva, Exatlón México, pero su carrera ha seguido al margen del espectáculo, centrada en el alto rendimiento. Aquel jueves, no fue el atleta el que reaccionó, sino el ciudadano.

El silencio de Irving Acosta tras su liberación ha sido deliberado. A través de su familia, agradeció el respaldo recibido y pidió espacio para procesar lo ocurrido. Voceros cercanos confirmaron que retomó sus entrenamientos y, en esos entonces, evaluaba presentar una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su detención. “Solo hizo lo que muchos no se atreven”, comentó uno de sus allegados a medios locales.

El episodio dejó también una pregunta que trasciende el expediente judicial: ¿qué sucede cuando se castiga a quien intercede? Para colectivos y activistas, el mensaje institucional resultó contradictorio. “Si castigan a quienes nos defienden, están enviando el mensaje de que es mejor no intervenir”, declaró la activista Arussi Unda, integrante del organización feminista Brujas del Mar.

El caso Acosta expuso una tensión legal que especialistas califican como “zona gris”: el artículo 25 del Código Penal de Veracruz reconoce la legítima defensa, pero limita su aplicación si se considera que se usó fuerza desproporcionada. ¿Hasta dónde puede actuar un ciudadano ante un crimen en curso?, ¿cuándo una acción de auxilio se convierte en delito?

Hoy, mientras el proceso contra Raúl “N” continúa, y la Fiscalía General del Estado de Veracruz rastrea otras posibles víctimas, el caso de Irving Acosta sigue generando ecos. No solo por la violencia que logró detener, sino por la respuesta que enfrentó al hacerlo y “no pensarlo dos veces”.