
El Tribunal Colegiado de Apelación en Ciudad Juárez ratificó la suspensión del proceso penal contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), quien enfrenta acusaciones relacionadas con el incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria, que resultó en la muerte de 40 migrantes.
Según informó la prensa local, esta decisión fue comunicada en la madrugada del sábado, tras una audiencia celebrada el pasado 2 de abril. La resolución confirma que Garduño continuará en libertad bajo ciertas condiciones impuestas por el juez de control.
De acuerdo con los detalles publicados, el proceso penal contra Garduño se centra en el presunto ejercicio ilícito del servicio público.

Condiciones para la suspensión del proceso
El juez federal Víctor Manlio Hernández, quien inicialmente concedió la suspensión del proceso el pasado 24 de enero, estableció una serie de condiciones que Garduño debe cumplir para mantener su libertad. Entre estas, se incluye la implementación de un plan de reparación del daño a las víctimas y la obligación de ofrecer una disculpa pública. El cumplimiento de estas medidas podría derivar en la absolución del titular del INM de los cargos que enfrenta.
El tribunal de apelación respaldó esta decisión, argumentando que ya se han detenido a los responsables directos del incendio.
Una de las condiciones clave para la suspensión del proceso es que Garduño ofrezca una disculpa pública a las víctimas y sus familias. Este acto, que aún está pendiente, es considerado por el juez como un paso fundamental para avanzar hacia la reconciliación y la justicia.

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Un devastador incendio en un centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, cobró la vida de al menos 40 personas y dejó a otras 26 gravemente heridas. El siniestro ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023 en una instalación ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos, según reportaron diversas fuentes. Las víctimas, todas hombres, eran migrantes provenientes de varios países de América Latina, incluidos Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.
De acuerdo con la información proporcionada, el mayor número de fallecidos corresponde a ciudadanos guatemaltecos. El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que 28 de las personas que perdieron la vida eran originarias de Guatemala, lo que subraya la magnitud del impacto de esta tragedia en la comunidad migrante de ese país.
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