Condenan a 20 años de prisión a José Luis Abarca por el homicidio de un síndico, sobrino de Félix Salgado Macedonio

Un juez de Primera Instancia en Guerrero dictó una sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en contra de Justino Carvajal Salgado, quien ejercía el cargo de síndico municipal al momento de su asesinato en marzo de 2013. La víctima, además, era sobrino del político Félix Salgado Macedonio.

El crimen ocurrió el 8 de marzo de 2013 en la calle Zaragoza, en el centro de Iguala. Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Abarca instruyó la ejecución de Carvajal, lo que fue probado mediante declaraciones de testigos y otros elementos que confirmaron su participación directa en los hechos.

El asesinato de Justino Carvajal Salgado ocurrió la noche del sábado 9 de marzo de 2013, cuando fue acribillado por un grupo de hombres armados al llegar al edificio donde residía su madre, doña Naborina Salgado Macedonio.

El crimen sucedió frente a la entrada del Edificio Zaragoza, en la estrecha calle del mismo nombre, en pleno centro de Iguala. Según la crónica publicada por el diario Sur Acapulco, Carvajal fue alcanzado por tres disparos: uno en el pómulo y dos en el abdomen, y cayó en las escaleras antes de alcanzar la puerta del departamento.

Vecinos relataron que tras los disparos solo se escucharon los motores de varias camionetas alejándose del lugar. “Ya mataron a Justino”, repetían los habitantes, según lo narrado por medios locales e internacionales.

Carvajal Salgado fue un actor político activo en Iguala desde finales de los años ochenta. Buscó en diversas ocasiones la presidencia municipal con el respaldo de su tío Félix Salgado Macedonio, padre de la hoy gobernadora Evelyn Salgado, y llegó a ocupar cargos relevantes en el cabildo, como el de regidor y, finalmente, síndico.

En 2012, tras una disputa interna dentro del PRD, Abarca fue impuesto como candidato a la alcaldía, pese a que los sondeos favorecían a otros aspirantes como Óscar Díaz Bello y el propio Carvajal. Diversos sectores de la izquierda local, incluyendo a regidores del PRD, protestaron por lo que consideraron una “imposición” de Abarca, respaldada por el entonces secretario de Salud del estado, Lázaro Mazón Alonso.

Carvajal terminó aceptando integrarse a la planilla como síndico, una posición que, según testimonios recabados en investigaciones posteriores, ocupó bajo creciente hostilidad. En febrero de 2013 fue agredido físicamente por sujetos desconocidos que le cerraron el paso y lo golpearon para advertirle que se mantuviera alejado del ayuntamiento.

De acuerdo con reportes periodísticos de la época, el entonces alcalde José Luis Abarca acudió al lugar del crimen la misma noche del asesinato, acompañado de cuatro integrantes del cabildo. Permanecieron varios minutos en silencio, observando las diligencias policiales, pero no ofrecieron declaraciones a los medios presentes.

Con el tiempo, el caso fue vinculado a una cadena de hechos violentos ocurridos en Iguala, incluido el asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros líderes sociales de la Unidad Popular, en mayo de 2013. Todos estos hechos, más tarde, serían relacionados con órdenes directas de Abarca, según declaraciones de testigos protegidos citadas por la entonces Procuraduría General de la República.

José Luis Abarca Velázquez fue separado de la alcaldía en octubre de 2014, luego de los ataques ocurridos el 26 de septiembre, que resultaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la muerte de seis personas.

Aunque en mayo de 2023 fue absuelto por un tribunal federal de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado en relación con el caso Ayotzinapa, enfrenta condenas por otros delitos graves.

Entre ellas destaca una sentencia de 92 años de prisión por el secuestro de siete activistas, incluyendo al propio Hernández Cardona. Las investigaciones han vinculado reiteradamente a Abarca con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

La FGE de Guerrero confirmó que apelará la sentencia de 20 años dictada por el juez, al considerar que se impuso la pena mínima prevista para el delito de homicidio calificado, sin tomar en cuenta el contexto de violencia sistemática en que se cometió el crimen. La institución afirmó que continuará con la búsqueda de sanciones proporcionales para los responsables de delitos de alto impacto.