Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, fue absuelto del delito de delincuencia organizada este miércoles 3 de abril. La medida de sobreseimento fue solicitada, según fuentes judiciales extraoficiales, por su propia defensa legal; sin embargo, la aceptación de la misma fue otorgada por la jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.
La justificación judicial que dio la juez fue que “El Chino” debió ser absuelto, dado que el presunto implicado ya había enfrentado la justicia por el mismo cargo anteriormente. Por tanto, la Constitución Política establece ―según ella― que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.
En consecuencia, la única acusación que queda pendiente de resolver en contra de Casarrubias Salgado sería su participación en el intento de desaparición forzada en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. No obstante, “El Chino” continuará recluido en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano” sin derecho a recibir prisión domiciliaria.
El juez federal que también absolvió a Sidronio Casarrubias en 2023
Sidronio Casarrubias Salgado fue absuelto en 2023 del delito de delincuencia organizada. La decisión fue emitida por el juzgador Samuel Ventura Ramos ―juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas― y quien determinó que las pruebas aportadas por la entonces Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes para acreditar su pertenencia a un grupo delictivo con el propósito de cometer ilícitos.
Cabe recordar que Casarrubias fue detenido en 2014 y, desde entonces, ha sido una figura clave en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
“El Chino” denuncia presunta tortura y pide prisión domiciliaria a la justicia
De acuerdo con su defensa, Casarrubias fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para obtener declaraciones auto-incriminatorias, lo que ha sido motivo de solicitudes para que se declare la nulidad de diversas pruebas en su contra.
En el contexto de estas denuncias, su equipo legal también ha solicitado en repetidas ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo el argumento de problemas de salud y condiciones prolongadas de reclusión. A pesar de ello, jueces federales han rechazado dichas peticiones al considerar que persiste un riesgo procesal por la gravedad de los delitos que se le imputan y que no se acreditaron plenamente las condiciones médicas que justificarían la medida.
Además, el caso ha sido revisado por el Mecanismo contra la Tortura de la ONU, que ha señalado posibles violaciones a derechos humanos en su proceso judicial.
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