Murió Yanet Morales, exalcaldesa de Apulco que gobernó desde el exilio por amenazas del CJNG

La exalcaldesa del municipio de Apulco, Yanet Morales Huizar, falleció este miércoles 26 de marzo en lo que se ha reportado como un accidente vial en la carretera Jaralillo-Tepatitlán, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Sin embargo, las autoridades abrieron una investigación bajo protocolo de feminicidio, debido a sus antecedentes de haber sido amenazada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el comunicado oficial, la camioneta en la que viajaba Morales fue localizada fuera del camino en el tramo Jaralillo-Tepatitlán, en la región. En el interior del vehículo se halló el cuerpo sin vida de una mujer.

Personal de Servicios Periciales y de la Policía de Investigación se trasladó al sitio para recabar indicios y procesar la escena. Hasta el momento no se ha revelado públicamente información detallada sobre la mecánica del hecho.

Tras realizar entrevistas con familiares, se confirmó la identidad de la víctima como la funcionaria Yanet Morales.

Según dijo el fiscal general Cristián Camacho, el hecho aún no ha sido clasificado como doloso ni como accidente, ya que los peritajes continúan. No obstante, por tratarse de una mujer con antecedentes de haber sido amenazada por grupos delictivos, la fiscalía optó por iniciar la carpeta bajo condiciones especiales.

“No se puede aún determinar la naturaleza del hecho, pero, por protocolo y por los antecedentes, se investiga como feminicidio”, declaró Camacho al diario El Universal.

Morales Huizar fue electa por primera vez como presidenta municipal de Apulco en 2018 y reelecta en 2021. Poco después de iniciar su primera administración, denunció amenazas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que la obligó a abandonar físicamente el municipio y trasladarse a vivir a Jalisco. Desde allí, dirigió la administración pública local de forma remota durante casi seis años.

El caso de Morales se convirtió en un símbolo de la ausencia del Estado en zonas controladas por el crimen organizado. En septiembre de 2021, se reportaron narcobloqueos y balaceras en la zona como respuesta a operativos federales. En esa ocasión, según informes de seguridad, presuntos integrantes del CJNG atacaron a fuerzas del orden y realizaron bloqueos carreteros para impedir el ingreso de rivales del Cártel de Sinaloa, con quienes disputan el control territorial.

Morales también fue víctima indirecta de la violencia. En octubre de 2022, su esposo José Socorro Ramírez fue atacado por supuestos sicarios del CJNG y resultó herido junto con un agente municipal.

En mayo de 2023, un comando armado incendió una de sus propiedades ubicada en la comunidad de Tenayuca, en la misma región limítrofe entre Zacatecas y Jalisco. Según la Secretaría General de Gobierno de Zacatecas, el inmueble recibió más de cien impactos de bala antes de que los agresores le prendieran fuego. Morales no se encontraba allí, ya que residía permanentemente en Jalisco debido al riesgo que representaba regresar a Apulco.

Apulco, un municipio de aproximadamente cinco mil habitantes, ha sido identificado por autoridades estatales y federales como un territorio bajo disputa de grupos del crimen organizado desde hace al menos una década.

La región es considerada estratégica por su ubicación geográfica: Zacatecas conecta con estados clave como Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Colima y Nayarit, lo que la convierte en una ruta de paso para actividades delictivas.

Según reportes de inteligencia, desde 2015 se tiene constancia de la presencia del CJNG en la zona. El avance del grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se consolidó tras desplazamientos de células rivales como Los Zetas y el Cártel del Golfo, quienes hasta entonces controlaban varios municipios del sur de esta entidad. Con el tiempo, el Cártel de Sinaloa reactivó su presencia en la región para frenar el avance de sus adversarios, lo que intensificó el conflicto armado.

Este contexto de violencia sistemática derivó en el abandono de funciones por parte de policías municipales, así como en el vacío de autoridad que aprovechó la delincuencia organizada para establecer retenes, controlar rutas y cooptar autoridades locales, según informes de seguridad.