
Este jueves, organizaciones civiles y representantes jurídicos recordaron a las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2023, que dejó un saldo de 40 personas fallecidas, 27 con daños permanentes y 15 mujeres con secuelas psicoemocionales, producto del fuego. Ante este suceso, activistas han fijado la postura de que la tragedia no fue causada por las llamas, sino por “políticas migratorias inhumanas”, por lo que responsabilizan al Estado.
La tragedia se registró el 27 de marzo de 2023, en el Centro de Estancia Temporal para Migrantes (CETEM) ubicado en esta ciudad fronteriza, donde 40 hombres originarios de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Honduras y Colombia, murieron dentro de una celda.
A dos años de este suceso, las organizaciones Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS), Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Asylum Access México y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas, llevan a cabo una jornada de acciones en las ciudades de México, Juárez y Tapachula, para exigir justicia.
Este jueves, en la capital del país, representantes de familiares de las víctimas se concentraron en las inmediaciones de Palacio Nacional. Portaron fotografías y flores para recordar a las personas afectadas y dirigieron una serie de cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Fiscalía General de la República, al Instituto Nacional de Migración (INM)y a la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV).
“Es el segundo aniversario de la muerte de 40 jóvenes migrantes en el incendio de Ciudad Juárez. Trajimos sus fotografías para que no se nos olviden y también trajimos unas cartas abiertas dirigidas a las instancias que tendrían que dar seguimiento a los procesos penales, como a la atención de las víctimas. Hoy, a dos años, la mayoría de los familiares han recibido una reparación monetaria. Sin embargo, ni los familiares de las víctimas indirectas ni las 15 mujeres que estuvieron también en esa estación migratoria han sido reconocidas como víctimas”, explicó la directora de Imumi, Gretchen Kuhner.
Kuhner comentó que el proceso penal sigue su curso y lamentó que el comisionado del INM, Francisco Garduño, haya seguido éste sin ser removido de su cargo.
Desarrollo del incidente
De acuerdo con las primeras investigaciones, el incendio comenzó en la madrugada del 27 de marzo. Se reporta que un grupo de migrantes había protestado previamente debido a su detención y las condiciones precarias en las que se encontraban, lo que habría motivado el incidente. Se mencionó que los migrantes fueron encerrados en una celda sin la posibilidad de escapar cuando comenzó el fuego. Algunos testimonios indicaron que los empleados de la estación migratoria no actuaron con la rapidez necesaria para liberar a los detenidos, lo que agravó la tragedia.

El evento generó una gran indignación tanto en México como a nivel internacional, sobre todo por la alta cifra de víctimas y las denuncias de negligencia en el manejo de la situación. El gobierno mexicano, a través de diversas instancias, inició una serie de investigaciones para esclarecer las causas del incendio y determinar responsabilidades.
El pasado viernes 24 de enero de 2025, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, determinó beneficiar al comisionado del INM con la suspensión condicional del proceso que se le integró por su presunta responsabilidad en el incendio. Francisco Garduño tiene pendiente una disculpa pública a familiares de las víctimas del incendio.
Organizaciones alemanas recuerdan la tragedia
Organizaciones de la sociedad civil alemana, como Brot für die Welt (Pan para el Mundo), recordaron la tragedia a través de un comunicado, donde señalaron que la causa de muerte de 40 personas fue la política migratoria restrictiva e inhumana de México. Además, denunciaron la práctica de detenciones arbitrarias en el país y en condiciones deplorables, lo que pone en peligro a los migrantes, quienes a menudo son víctimas de delitos graves.
“Estamos observando una práctica de detenciones arbitrarias en México. Las detenciones se llevan a cabo de forma totalmente opaca, sin llevar a cabo ningún registro. Las instalaciones se encuentran a menudo en un estado catastrófico y las personas migrantes son repetidamente víctimas de graves delitos”, refiere Franziska Wild, responsable para México de Brot für die Welt.
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