Acusan intervención de Antorcha Campesina en el paro de la BUAP

Desde el 24 de febrero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se realizó un paro estudiantil organizado por los estudiantes de la Facultad de Medicina quienes demandaban mejoras en las condiciones académicas y administrativas, tras unos días, la rectora Lilia Cedillo Ramírez, decidió intervenir directamente en el conflicto y platicó con los inconformes para lograr acuerdos y así lograr el restablecimiento de las actividades de la Ciudad Universitaria; levantar el paro.

Para ello se realizaron ocho mesas de trabajo para atender las principales demandas, entre ellas:

• Respetar las programaciones académicas establecidas al inicio del semestre.
• Justificar la inasistencia de los estudiantes que participaron en las actividades de apoyo durante la suspensión de actividades.
• Revisar y mejorar los protocolos de atención al estudiantado.
• Mayor injerencia de los estudiantes en los procesos de contratación de nuevos docentes y en la evaluación de su desempeño, siempre dentro del marco normativo institucional.
• Entre otras más.

De igual manera se acordó una fecha para la entrega de un pliego petitorio y de las instalaciones tomadas por parte de los inconformes, así como el compromiso de mantener comunicación con la Comisión Institucional de Diálogo, creada para resolver y dar seguimiento a lo acordado, situación que no ocurrió ya que los paristas decidieron no recibir al vocero encargado para ello, por lo que los accesos continúan bloqueados y sin señales de una pronta reapertura, es decir, el paro sigue.

Aunado a lo anterior, la situación en la BUAP tomó un rumbo distinto luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que la organización Movimiento Antorcha Campesina (MAC) está detrás del movimiento parista. La presencia de este grupo, con un historial de movilizaciones y confrontaciones políticas, generó preocupaciones sobre la seguridad de los estudiantes y la autonomía del movimiento.

La presencia de dicho grupo político ha generado preocupación entre alumnos y autoridades académicas debido a su historial de confrontaciones y manipulación política. Es así que los voceros de las facultades de Ciencias Químicas, Ciencias Políticas y Derecho denunciaron intentos de intervención por parte de antorchistas.

La posible influencia de Antorcha Campesina en el paro de la BUAP podría detonar o representar varios riesgos para la comunidad estudiantil:

• Desvío de la protesta. La presencia de un grupo con intereses políticos ajenos podría desvirtuar las demandas originales de los estudiantes y convertir el paro en una herramienta de presión con fines políticos.
• Escalada de violencia. La organización ha sido señalada en ocasiones anteriores por el uso de tácticas agresivas en protestas y confrontaciones con autoridades, lo que aumenta la posibilidad de que el movimiento escale y derive en enfrentamientos que pongan en riesgo la comunidad estudiantil.
• Pérdida de la autonomía universitaria. La BUAP, como institución autónoma, enfrenta el riesgo de que su comunidad sea utilizada en una disputa que trascienda lo académico y se traslade a la arena política.

Periodistas locales e independientes también han alertado que la asociación es un “grupo de choque, originado en el PRI para desestabilizar y generar terror, así, a la mala, es como logran sus objetivos, por ejemplo, apropiarse de predios, gasolinerías, taxis, ambulantaje, colectivos y grúas”, con los cuales financian sus actividades.

El Movimiento lleva 50 años de existencia y mantiene una estructura de liderazgo fuertemente centralizado en la familia de su fundador, Aquiles Córdova Morán quien junto con sus hermanos: Ulises, Eleusis, Soraya y Hersilia mantienen y realizan una fuerte opresión en el estado de Puebla, lugar de origen del organismo, consolidando así su influencia política y social en la región.

Al tiempo de que informó sobre la injerencia de MAC en el conflicto universitario, el gobernador solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para investigar y garantizar que el derecho a la educación no sea vulnerado por intereses externos.