El crecimiento del ”Cártel de Gaschicoleo” ha impactado significativamente a diversas regiones del Estado de México, en los municipios de Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco y particularmente en Ecatepec, donde su expansión ha sido acelerada.
Dichas entidades no solo se han convertido en clave para el tráfico de combustible robado proveniente de Puebla, sino también en puntos operativos para la instalación de retenes ilegales. Un informe de las autoridades municipales de dicha región, refiere que el combustible es redirigido hacia más de 300 gaseras clandestinas que proliferan en los mencionados lugares.
Situación rebasada
En el caso específico de Ecatepec de Morelos, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss ha intentado mitigar las actividades vinculadas al mercado ilícito de gas LP con el cierre de unas 30 gaseras ilegales, no obstante, tales acciones resultan insuficientes, ya que nuevos “negocios” surgen con rapidez, duplicando su número inicial.
Tal información fue confirmada por el administrador de una estación regulada quien ratificó que detrás está el crimen organizado, “Se trata de crimen organizado. Es un negocio millonario que no solo afecta a empresas legalmente establecidas, sino que también pone en peligro a la población. Las explosiones en estas gaseras clandestinas continúan registrándose”, afirmó.
El informe presentado por las autoridades municipales identifica a 10 grupos delictivos relacionados con este ilícito, que no solo roban y distribuyen el gas, sino que, en varios casos, administran los puntos de venta:
- “La Chokiza”.
- “Los Uber´s”.
- “Los Vampis”.
- “Los Makiavélicos”.
- “Zona Norte (ZN)”.
- “Los Michoacanos”.
- “Los Catalinos”.
- “Los Rodolfos” (también opera en la CDMX).
- “Nueva Alianza”.
- “Los Paleta”.
Es por ello que las autoridades locales han solicitado la inmediata intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para encarar la problemática.
En días pasados se evidenció el problema de la corrupción por parte de supervisores y delegados de Protección Civil estatal reciben moches de tales negocios ilícitos, que incluso también permea a niveles administrativos.
Además de lo señalado en el ámbito de corrupción e inseguridad, la situación ha desencadenado una competencia desleal y un golpe económico para aquellas gaseras que si cumplen con las normativas impuestas por el gobierno Federal a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (SEDUI) y la Secretaría de Movilidad estatal.
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