La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, celebró que la XVIII Legislatura del Congreso haya aprobado diversas reformas al Código Penal local y a la Ley de Movilidad, por lo que ahora los delitos de daños y lesiones cometidos en el servicio de transporte ―público o privado― podrán ser investigados sin necesidad de una denuncia. Asimismo, las penas aumentarán.
Luego de que el pasado 28 de enero, diputados de Quintana Roo aprobaron en sesión extraordinaria reformar los artículos 107 Bis, 162 Bis, 182 y 185 bis del Código Penal, y 112, 130, 175, 176 de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, la mandataria estatal aseguró que “no habrá tolerancia ni impunidad para quienes, en el ejercicio del transporte, atenten contra la vida, seguridad y bienestar de los usuarios”; sean habitantes de la entidad o turistas.
“Teníamos que poner un orden”, aseguró, a causa de los constantes ataques contra usuarios de aplicaciones de movilidad por parte de taxistas de la zona.
En esa línea, dejó en claro que en Quintana Roo nadie puede impedir elegir el tipo de transporte que desee utilizar, mucho menos ser bajado de algún vehículo.
Con dichas reformas, se establecen nuevas disposiciones para suspender o cancelar licencias, permisos y concesiones de transporte, así como la imposición de penas más severas en caso de delitos como homicidio, daños y lesiones relacionados con el servicio.
Las nuevas sanciones
Con la adición del Artículo 107 Bis, ahora las penas por el delito de homicidio y lesiones pueden aumentar hasta un 50% si ocurren mientras se presta el servicio. Además, si las víctimas son menores de 18 años o turistas, las penas podrían incrementarse hasta en dos terceras partes.
“Estos delitos serán perseguidos de oficio, lo que significa que las autoridades podrán actuar sin necesidad de una denuncia previa”, se lee en la iniciativa de la gobernadora.
El Artículo 162 Bis agrega una sanción más severa al delito de daños, enfocándose en quienes afecten servicios de transporte, ya sea público o privado. Las personas responsables podrían enfrentar de dos a seis años de prisión.
La modificación del Artículo 182 busca castigar con mayor dureza los ataques contra las vías de comunicación y medios de transporte, especialmente cuando afectan servicios como el transporte público local, las calles o carreteras, y la tecnología utilizada en ellos. Las sanciones para estos delitos van desde seis meses hasta cuatro años de cárcel.
Más de un problema
El transporte público en Quintana Roo enfrenta varios desafíos que afectan tanto a residentes como a turistas. Una de las principales problemáticas es la insuficiencia de rutas y unidades, especialmente en zonas de alta demanda como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Esto genera saturación en los horarios pico, demoras y otro tipo de dificultades.
La falta de regulación adecuada y supervisión es otro problema recurrente. Diversos operadores trabajan sin permisos regulares o incumplen las normas, lo que afecta la calidad y seguridad del servicio. Además, las tarifas suelen variar sin previo aviso, lo que genera malestar entre los usuarios.
Uno de los casos polémicos más recientes fue el del popular creador de contenido Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, quien denunció el cobro de dos mil pesos por un trayecto de 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún a su hotel.
La competencia entre taxis y servicios de transporte por aplicación también ha generado tensiones. Los conflictos gremiales, bloqueos de vías y denuncias contra plataformas han sido frecuentes, afectando la movilidad y la percepción de seguridad. En zonas turísticas, los precios elevados llegan a ser una barrera para los visitantes.
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