Samuel García blinda a su familia ante posible juicio político; tramita amparos para todos

Durante la tarde del pasado martes 28 de enero, se dio a conocer que la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León había dado entrada a un total de siete nuevos juicios políticos en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda debido a que se le señala por la comisión de delitos electorales presuntamente ejecutados durante los comicios del pasado 2 de junio, motivo por el cual este día se reportó que el militante de Movimiento Ciudadano (MC) había tramitado nuevos amparos para con ello proteger a toda su familia.

Cabe destacar que la información inicial detalló que las denuncias en contra del mandatario estatal fueron turnadas a la Comisión Anticorrupción, denuncias que habrían sido realizadas por Policarpo Flores, quien se desempeña como dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), así como por José Luis Garza Ochoa quien dirigen en la entidad al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sobre las acusaciones en contra de Samuel García, se reveló que seis denuncias corresponden al desvío de recursos públicos con el fin de favorecer a los candidatos del partido naranja, —en especial a Jorge Álvarez Máynez, Luis Donaldo Colosio Riojas y Mariana Rodríguez Cantú—,al tiempo de también haber violado los principios de equidad para un servidor público en funciones.

Del mismo modo, se hizo énfasis en que la otra denuncia en contra del emecista estaría a cargo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), donde se argumenta que el gobernador no cumplió con la publicación de decretos aprobados por el Congreso local, mimos que tuvieron que haberse difundido a través del Periódico Oficial del Estado (POE).

Con estas nuevas denuncias, el gobernador de Nuevo León y además exaspirante a la presidencia de la República, estaría acumulando un total de 19 procesos vigentes los cuales lo podrían llevar a un nuevo juicio político, algo por el cual el gobernador al momento no ha dado a conocer su postura pero por lo que se habría encargado de blindar a su familia, incluyendo a su esposa quien se sabe, está a la espera de una bebé.

Fue la mañana de este miércoles 29 de enero cuando se dio a conocer que el gobernador de la también llamada ‘Sultana del Norte’, habría tramitado un total de 12 amparos para proteger a varios de los miembros de su familia, esto en vísperas en que se promueva un juicio político por parte de los políticos que forman parte de la oposición.

Las personas a las cuales el mandatario estatal habría buscado proteger con estas medidas legales serían: sus padres, sus hermanos, su esposa, sus suegros e incluso a sus cuñados. Esta nueva información además arroja que el Consejo de la Judicatura y le concedió al gobernador una suspensión definitiva con lo cual estaría protegiendo a la familia ante cualquier acto cometido por autoridades de la entidad del norte.

Sin embargo, también trasciende que será el próximo 6 de marzo cuando se lleva acabo una audiencia constitucional con la cual se definirá si se le concederá o no un amparo para con ello librar lo del juicio político.

Un juicio político es un proceso legal y constitucional mediante el cual se investiga y se evalúa la conducta de un funcionario público que ocupa un cargo de alto rango, como presidentes, ministros, gobernadores, entre otros, con el objetivo de determinar si ha cometido faltas graves o violaciones a la ley en el desempeño de sus funciones.

Este procedimiento busca, en caso de comprobarse la culpabilidad, remover al funcionario del cargo y/o sancionarlo según la ley. Las causales suelen incluir corrupción, abuso de poder, violación de derechos humanos o incumplimiento de deberes.

En México, este proceso está regulado por la Constitución y es llevado a cabo por el Congreso de la Unión o el legislativo correspondiente, dependiendo del área de jurisdicción.