Objeción de conciencia, un pendiente del gobierno federal desde 2021

Durante 2024, en México se registró un gran avance en materia de despenalización del aborto, pues 10 entidades federativas ajustaron sus legislaciones en este rubro. No obstante, colectivos feministas consideran que uno de los puntos fundamentales para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo es la regulación en materia de objeción de conciencia, una “deuda” del gobierno federal.

La iniciativa para regular la Objeción de conciencia lleva tiempo ‘congelada’ en el Poder Legislativo, con todo y que la Suprema Corte estipuló -desde 2021- que el gobierno federal estableciera los alcances y límites para el pleno ejercicio de este derecho por parte del personal de salud.

La objeción de conciencia es un derecho del personal de salud que tiene que ver con la negativa de llevar a cabo un procedimiento por motivos éticos, morales o religiosos. Este derecho se hace válido cuando la vida del paciente no está en riesgo y su ejercicio no debe obstaculizar el derecho de las mujeres al aborto.

Desde 2021, ministros de la Corte exhortaron al Congreso a regular la objeción de conciencia en materia sanitaria, dentro de la Ley General de Salud. Después, en 2023, el asunto fue retomado por la Cámara de Diputados, cuando aprobó una iniciativa para reformar el artículo 10 de Ley General de Salud y dar certeza jurídica en este tema. Sin embargo, el proyecto no ha sido analizado hasta la actualidad, por lo que no hay avances en el trámite legislativo.

Dentro de las modificaciones que han sido propuestas por los diputados es delimitar el propio concepto de objeción de conciencia, así como asegurar que en todo momento exista personal médico profesional y de enfermería de carácter no objetor en todas las unidades que integra el Sistema Nacional de Salud, disposición que no se encuentra legislada hasta ahora.

Este año representó un avance significativo para la ‘marea verde’ en México, pues la despenalización del aborto progresó en entidades como Puebla, Michoacán, Chiapas, Jalisco y el Estado de México. Con esto se alcanzó un total de 18 entidades federativas en las que las mujeres pueden acceder a la Interrupción Legal del Embarazo de forma segura y de manera legal.