El pasado 4 de diciembre se cumplieron dos meses de la desaparición en Oaxaca de la reconocida abogada y activista Sandra Domínguez Martínez, quien en 2020, denunció que altos funcionarios del gobierno de Oaxaca compartían por chat fotos íntimas de mujeres indígenas; sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que es la Fiscalía estatal la que lleva la investigación.
A su vez, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Omar García Harfuch, dijo en la conferencia mañanera de este 17 de diciembre que hay varias líneas de investigación pero que todo indica que el blanco de la desaparición no era ella, sino su pareja Alexander Hernández, quien presuntamente estaría vinculado con un grupo delictivo local, aunque el funcionario no precisó cual.
La presidenta Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si el activismo de Sandra era también tema de investigación, sobre todo porque hace cuatro años exhibió un grave ejemplo de violencia de género; asimismo, se le preguntó si para evitar este tipo de casos su gobierno buscaba fortalecer la Ley Olimpia u otro tipo de normativa en favor de las mujeres. Al respecto, la mandataria respondió:
“En las leyes que presentamos el día de ayer, en las leyes secundarias de la reforma constitucional para fortalecer los derechos de las mujeres viene ya la violencia digital, que ya se había legislado en algunos estados, pero viene ya tipificada a nivel federal, y ya lo que tengan que hacer los estados en sus códigos”, dijo Sheinbaum.

¿Qué tiene que ver la violencia digital con Sandra?
Sandra Domínguez es una reconocida abogada oaxaqueña que lleva años litigando casos de violencia de género, principalmente en contra de mujeres indígenas. En 2020 ella misma fue víctima de este tipo de violencia, pues denunció la existencia de un chat llamado ‘Sierra XXX’, en el que altos funcionarios de Oaxaca compartían fotos íntimas de mujeres indígenas, principalmente Muxes, señaló la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) en una acción urgente mandada a los gobiernos federal y estatal tras la desaparición de la activista.
Tras exhibir el caso, la abogada presentó una denuncia penal en contra de Donato Vargas Jiménez, exfuncionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y coordinador de Delegados de Paz Social en el gobierno de Salomón Jara, quien fue separado del cargo a finales de octubre pasado. En 2023, Sandra Domínguez también acompañó a Aracely Cruz Jiménez en su denuncia por violencia familiar en contra del funcionario oaxaqueño.
En Oaxaca la violencia digital en contra de las mujeres está tipificada como delito de violación a la intimidad sexual y aplica para quien por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya, publique y/o solicite imágenes, audios o videos de una persona con contenido íntimo, erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.
“Esta conducta se sancionará de cuatro a ocho años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al omento de que se cometa el delito. Este delito se perseguirá por querella”, apunta el Artículo 249 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Este delito también estaba penado en otros estados, sin embargo, a nivel nacional no, y por ello es que la presidenta Claudia Sheinbaum lo incluyó en su Decreto en pro de la Igualdad Sustantiva, con el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, firmado este lunes 17 de diciembre en Palacio Nacional.
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