Por decisión del alcalde de Santa Lucía del Camino, el comandante Cirino Santiago Velasco fue separado de su cargo como director de la Policía Vial Municipal en el marco de las investigaciones por el homicidio del joven Diego Ignacio Paz en un punto de revisión del alcoholímetro.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, anunció una serie de movimientos en las corporaciones de seguridad pública a raíz del suceso en el que el estudiante universitario murió a causa de un disparo presumiblemente efectuado por un agente policiaco la madrugada del 31 de agosto.
Santiago Velasco se desempeñaba como delegado de Tránsito, Movilidad y Vialidad de Santa Lucía del Camino desde julio del año 2019. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del estado, el comandante percibía un sueldo de ocho mil 116 pesos mensuales en dicho cargo.
Además de Santiago Velasco, también fueron cesados el Policía Primero Miguel S.S., el Suboficial Cristóbal V.G., el Policía Segundo José E.G.R., y la Oficial Gilda B.A.R.
Conviene acotar que ninguna de las personas removidas de sus funciones por mandato del alcalde se encuentran bajo investigación por el caso, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo ha confirmado la detención de un presunto involucrado en el homicidio: el agente municipal A.R.P.
“La investigación continúa, estamos coadyuvando con la Fiscalía para entregar todas las pruebas necesarias y los elementos para que se esclarezca este lamentable suceso”, informó el edil de santa Lucía del Camino.
En este sentido, confirmó la renuncia de Marcos Fredy Hernández López, quien hasta la mañana del 2 de septiembre ocupaba el puesto de director de Seguridad Pública municipal.
Medios locales han retomado testimonios de presuntos integrantes de la Policía Municipal que han denunciado a Hernández López por, supuestamente, exigirles una cuota semanal, la cual obtienen a través de multas e infracciones injustificadas, o bien, mediante los operativos del alcoholímetro.
En una carta dirigida al alcalde, la familia de Diego Ignacio Paz acusó a las autoridades locales de “utilizar supuestos alcoholímetros para catear a personas pacíficas, extorsionarlas y obtener ingresos indebidos”.
La Fiscalía estatal confirmó que Diego, estudiante de 22 años que cursaba la carrera de Comunicación, presentaba una herida de bala al momento de ser presentado como detenido. Su amigo Josué, quien viajaba con él aquella madrugada, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.
“Diego no merecía morir. Su joven alma no merecía ser destruida de esta manera. Ustedes, quienes tienen hijos, deben comprender que han cometido un acto imperdonable. La sangre de Diego pesa sobre sus cabezas. La sociedad no puede seguir soportando un sistema que permite que los servidores públicos se conviertan en sus verdugos”, sostuvieron los padres de Diego en la misiva.
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