Por qué la 4T podrá cambiar la Constitución de México a partir de septiembre

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó el pasado viernes 23 de agosto que Morena tendrá una supermayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado también tendrá una amplia mayoría, por lo que podrá reunir sin mayores contratiempos las dos terceras partes de los votos para hacer reformas a la Constitución de México.

Para hacer cambios a la Carta Magna, la iniciativa de reforma debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios del total de los integrantes de cada una de las Cámaras del Congreso: Diputados y Senado.

Normalmente, los equilibrios en las Cámaras obligan al partido con mayoría a dialogar y negociar con los de oposición para reunir el número de votos para hacer las reformas de gran calado, no obstante, con la “sobrerrepresentación” de Morena, PVEM y PT, será posible hacer cambiar la ley sin necesidad de negociar con el bloque opositor.

En la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tendrán 364 de 500 curules, superando con facilidad los 335 votos que representan la mayoría calificada. De esta forma, Morena, PT y PVEM no deberán negociar con la oposición para aprobar cambios constitucionales, como la reforma al Poder Judicial, la ley electoral y la desaparición de órganos autónomos.

En el Senado de la República estará a sólo tres votos de conseguir la mayoría calificada, por lo que la bancada comandada por Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier sólo deberá buscar el voto de tres legisladores de oposición para lograr aprobar reformas constitucionales del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una vez aprobadas por el Congreso de la Unión, las reformas del Plan C deberán ser ratificadas por la mayoría de las legislaturas de los estados de la República. Esto significa que al menos 17 de las 32 entidades federativas deben aprobar, pero Morena gobierna en 25 de ellos, por lo que no se prevé mayor dificultad para la 4T.

Olga Sánchez Cordero, diputada electa de Morena a la LXVI Legislatura, destacó la importancia de revisar y reformar varios aspectos del sistema político y judicial mexicano. Entre las prioridades destacó la eliminación de los organismos constitucionalmente autónomos y una revisión profunda de las leyes electorales.

Sánchez Cordero explicó que, si bien estos organismos deben continuar existiendo, su naturaleza jurídica podría cambiar de organismo constitucionalmente autónomo a integrarse a la estructura del gobierno federal.

Sánchez Cordero también habló sobre la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, una propuesta incluida en la reforma al Poder Judicial. Subrayó la necesidad de asegurar la idoneidad y el perfil de los aspirantes, haciendo énfasis en la experiencia, honestidad y honorabilidad que se requieren para estos puestos.

Además, sostuvo que sería vital garantizar que las personas que lleguen al Poder Judicial pasen por un largo período de aprendizaje y cumplan con requisitos estrictos de elegibilidad y profesionalismo. Recalcó la importancia de evitar que personas incompetentes o de dudosa reputación accedan a estos cargos judiciales.

Consultada sobre la posibilidad de que Morena y sus aliados logren una mayoría calificada en la nueva Legislatura, Sánchez Cordero destacó la necesidad de dar voz a todas las fuerzas parlamentarias y promover la pluralidad en la toma de decisiones.

Olga Sánchez Cordero no ocultó su deseo de presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el primer año de la LXVI Legislatura, o, en su defecto, de encabezar la Comisión de Justicia.

También recordó que la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo mostró interés en que la diputada electa Ifigenia Martínez coloque la banda presidencial el 1 de octubre, dado su simbolismo como mujer e ícono de la izquierda y su rol como mentora tanto de ella como de Sheinbaum.