Comercios en dos tercios del territorio nacional son víctimas de extorsión, según ANPEC

Antes de ser asesinado en Tamaulipas, Julio César Almanza Armas, líder Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), denunció que la súbita interrupción de actividades en tiendas de conveniencia de Nuevo Laredo se debió a las extorsiones que lleva a cabo el crimen organizado.

Este crimen focalizó la atención en los efectos que puede tener en el sector empresarial la expansión del cobro de piso a lo largo del país, práctica que prevalece en al menos dos tercios del territorio nacional, según una reciente entrevista que Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) concedió a la periodista Azucena Uresti.

“Es un problema que se está extendiendo [...] Es lamentable que las pandillas estén cobrando un impuesto por el derecho a trabajar y por el derecho a tener éxito a tu trabajo. Si te ven con éxito, te cobran todavía más”, señaló Rivera en la conversación para Radio Fórmula.

Cuando la periodista le cuestionó al representante de la ANPEC cuáles eran las entidades en las que esta situación se presenta con mayor frecuencia, Rivera mencionó que “son pocos los estados que escapan a esto” y que, por lo general, corresponde a territorios con una importante presencia de la delincuencia organizada.

Como puntos específicos, destacó los casos de Fresnillo, en Zacatecas; Celaya, en Guanajuato; Ciudad Constitución, en Baja California Sur; Tula, en Hidalgo; Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, el Estado de México y la Ciudad de México.

“Hablamos de que al menos dos tercios del territorio nacional, de los casi dos mil 500 municipios, están pasando de una luz amarilla a roja, en donde sí están pesadas las cosas”, refirió Cuauhtémoc Rivera.

En sus declaraciones, el titular de la ANPEC señaló que uno de los principales obstáculos para combatir el cada vez más frecuente cobro de piso en el país es que, además de que estaba considerado como un delito menor, muchas de las víctimas prefieren no denunciar por temor a las represalias que pueden sufrir.

Sumado a lo anterior, quienes integran la ANPEC tienen información que los han llevado a sospechar de una posible colusión entre autoridades y grupos delictivos que desempeñan esta actividad.

Datos compartidos por Rivera durante la entrevista apuntan que, aunque el monto exigido a los comercios varía en cada territorio, el “banderazo” es de 500 pesos semanales. Sin embargo, cuando las células criminales identifican emprendimientos exitosos, incrementan la cifra.

Antes del homicidio de Julio César Almanza, tuvo alcance nacional el asesinato de Minerva Pérez Castro, quien se desempeñaba como presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA) en el estado de Baja California.

Previo a su ejecución, Pérez denunció el impacto que la pesca ilegal ha tenido en la economía de una región que, según investigaciones del medio Zeta Tijuana, se encuentra bajo asedio de una célula afín al Cártel de Sinaloa. Los reportes señalan que, a base de extorsiones, este grupo se ha hecho con el control de la cadena productiva de pescado y mariscos en el puerto de Ensenada.