Inés Gómez Mont enfrenta una nueva denuncia por presunta violencia familiar, interpuesta por su expareja Javier Díaz, padre de sus cuatro hijos mayores, en medio de su lucha por desvincularse de acusaciones de lavado de dinero por las cuáles se encuentra desaparecida desde 2021.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado una carpeta de investigación sobre estos hechos, sumando más complicaciones a la situación legal de la conductora.
En respuesta a las acciones judiciales, Gómez Mont ha solicitado un amparo contra el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Este juez había ordenado que se presentaran dos de los hijos menores de edad, de 12 y 14 años, de su primer matrimonio para una evaluación psicológica, decisión que Gómez Mont busca revertir.
Tras ello, la jueza Patricia Marcela Diez Cerda, del Quinto de Distrito en Materia Penal, admitió el trámite del amparo y otorgó una suspensión provisional para proteger a los menores del acto investigativo.
La jueza argumentó que someter a los niños a dicha evaluación podría generar “victimización secundaria”, afectando su bienestar emocional.
“Es oportuno puntualizar que la pericial en materia de psicología, tendente a examinar a los menores víctimas, en su calidad de sujetos pasivos de un delito al ser valorados por un perito oficial, implicaría una revictimización o victimización secundaria, entendida como la suma de acciones u omisiones que generan un recuerdo victimizante (lo que normalmente sucede es que la persona recuerda y revive lo ocurrido en el momento del hecho delictivo) y que conllevan estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afectan su vida cotidiana, con la consecuente vulneración del derecho al más alto nivel de salud mental del niño o de la niña, ello es así, porque se sometería a la repetición de rememorar la experiencia traumática, lo cual debe evitarse. Así en el ámbito de la función jurisdiccional, las personas juzgadoras tienen el deber de protección de los menores lo cual implica salvaguardarlo de todo tipo de revictimización”, señaló la juez.
Parte de las medidas adoptadas incluye solicitar a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México la designación en un plazo de tres días de un funcionario público que actúe como representante especial de los menores.
La situación de Gómez Mont se complica aún más debido a que existen diversas órdenes de aprehensión en su contra, una de ellas relacionada con el presunto desvío de más de tres mil millones de pesos. Actualmente, se desconoce su paradero.
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