Ley de protección de datos personales: así se pude cancelar información sensible en registros de gobierno

Durante una conferencia en el Palacio Nacional, autoridades gubernamentales revelaron detalles sobre una inseguridad cibernética que afectó al Sistema de Acreditaciones de Prensa de la Presidencia de la República. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), junto a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, explicaron las medidas tomadas tras detectar actividades no autorizadas en el sistema.

La alerta sobre la vulneración se dio alrededor de las 14:00 horas, momento en el cual se notificó a la División General de Coordinación de Estrategia Digital Nacional para tomar medidas inmediatas de protección. A pesar de la intrusión, Jorge Ramírez Cuevas aseguró que la base de datos principal no fue comprometida, sino un archivo con información parcial y específica del Sistema de Acreditaciones. Las autoridades activaron el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, diseñado para responder a este tipo de vulneraciones a la seguridad de la información gubernamental.

Este protocolo estipula las acciones a seguir por parte de las entidades del Estado para proteger los datos y sistemas frente a ataques cibernéticos. Además de la estrategia, existe una vía legal para evitar que los datos sensibles de los periodistas sean cancelados de los registros del gobierno, de acuerdo con la Ley general de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Los ciudadanos tienen el derecho de gestionar la protección de sus datos personales, incluyendo el acceso, rectificación, cancelación y oposición según lo establecido por la legislación vigente. Este conjunto de consideraciones se llama derechos ARCO, y permite a los individuos mantener un control sobre su información personal.

La legislación específica estipula que cualquier persona, directamente o a través de un representante, puede solicitar la modificación, acceso o eliminación de sus datos personales en posesión de cualquier entidad. Además, si el tratamiento de estos datos podría causar daños o afectar negativamente al titular, este tiene derecho a oponerse al uso de su información.

En específico, el artículo 46, del capítulo I de los derechos ARCO, establece que las personas tienen derecho a solicitar la cancelación de datos personales en los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que dejen de ser tratados por alguna entidad gubernamental. Respecto a la petición, el artículo 51 explica que las instituciones deben adoptar procedimientos sencillos para este objetivo, cuyo plazo de respuesta sea menor a 20 días.

En las solicitudes de cancelación, se debe explicar por qué se realiza el trámite, acompañadas por información básica de quien la presenta, de acuerdo con el artículo 52, fracción V, capítulo III. Los ciudadanos deben estar al tanto de estos derechos y cómo ejercerlos, acercándose a la Unidad de Transparencia correspondiente con su solicitud. Esto marca un precedente importante en la legislación, otorgando a las personas control sobre su información personal en un mundo cada vez más digitalizado.