Avenida Paseo de la Reforma fue escenario de un episodio violento cuando un hombre que paseaba con su perro fue agredido por individuos identificados como trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc. Según la querella presentada, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió la investigación con el número C2C/20240125/00105 por este incidente, que habría ocurrido por órdenes de la alcaldesa Sandra Cuevas.
El incidente cobró notoriedad cuando la ex subsecretaria de gobierno capitalina, Dunia Ludlow, publicó en una plataforma digital que la alcaldesa Sandra Cuevas habría utilizado el personal de la alcaldía Cuauhtémoc para una manifestación de autopromoción, alterando la normalidad en Avenida Paseo de la Reforma. Según la versión de Ludlow, la alcaldesa estuvo a punto de atropellar a un ciudadano quien posteriormente fue atacado por el equipo de Cuevas después de reprocharle el suceso. Este altercado fue registrado en un video que se viralizó en internet, mostrando a unos sujetos, algunos encapuchados o con casco, y vestidos con chalecos de la alcaldía Cuauhtémoc, agrediendo al paseante.
La reacción de figuras políticas de diversos partidos ha sido de reproche, citando nombres como Maxta González del PRI, Ana Villagran del PAN y miembros de Morena, que incluso comparten alianza política con Cuevas. De igual manera, la opinión pública expresada en diversas redes sociales ha sido de condena, demandando que se tomen acciones legales contra los responsables del ataque.
La posible sanción
La alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc Sandra Cuevas y su equipo de trabajo, podrían enfrentarse a una sanción por abuso de autoridad, conforme las disposiciones del Artículo 215 del Código Penal Federal. La normativa establece penas para los funcionarios públicos que ejerzan violencia, vejen o insulten a una persona sin justificación legal en el ejercicio de sus funciones.
El Código Penal estipula que el delito de abuso de autoridad puede acarrear sanciones que incluyen de uno a ocho años de prisión, multa de cincuenta hasta trescientos días, y la destitución e inhabilitación de uno a ocho años para ocupar cargos públicos. Esta regulación también afecta a aquellos que acepten nombramientos o contrataciones bajo condiciones que incurrirían en dicho delito.
En casos más graves, cuando el delito involucre conductas de las fracciones VI a IX del mismo artículo, la ley prevé una penalidad aún mayor: dos a nueve años de prisión, multa de setenta hasta cuatrocientos días y una destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Estas consecuencias demuestran la gravedad con que se consideran los abusos cometidos por los servidores públicos. Las sanciones buscan proteger la integridad de las personas y asegurar el debido ejercicio de las responsabilidades gubernamentales.
Es importante recordar que el principio de presunción de inocencia es central en el sistema de justicia mexicano y cualquier servidor público, incluida la alcaldesa Sandra Cuevas, es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un debido proceso legal.
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