El extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, permanecerá en prisión luego de que un juez federal aplazó hasta el próximo mes de abril la audiencia donde la Fiscalía General de la República lo culpará formalmente por el delito de desaparición forzada, tortura, entre otras más por el caso Ayotzinapa.
La FGR solicitará una condena de por lo menos 82 años de cárcel, debido a que están en curso las entrevistas, funcionarios cercanos al caso mencionaron que la audiencia programada para el 24 de enero fue diferida hasta el mes de abril.
Por otro lado, quedarán pendientes otras reuniones, las cuales forman parte de la estrategia de defensa del exfuncionario federal, quien permanecerá tras las rejas, luego de ser detenido a finales del 2022.
Cabe mencionar que ya es la segunda ocasión en la que se aplaza la audiencia, pues el pasado mes de septiembre, el equipo legal del exprocurador solicitó el diferimiento debido a que en esas fechas se encontraban en curso los juicios de amparo.
El exprocurador que permanece en la Torre Médica del penal de Tepepan, en Xochimilco tras su delicado estado de salud, esto luego de que le negaran que llevara su proceso en libertad por parte de Juan José Hernández Leyva, juez de control del CJPF en el reclusorio Sur.
El pasado 1 de noviembre, la FGR apeló la decisión de que el exfuncionario enfrentara su proceso fuera de la cárcel, luego de que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, José Rivas González, modificó la prisión preventiva.
Por su parte, Murillo Karam presentó un amparo debido a que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, rechazó auxiliarlo para tener en sus manos las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciada por la extinta PGR tas la desaparición de los 43 normalistas.
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UILCA) solicitó a través de la FGR que al exfuncionario se le dicte una pena de 60 años de cárcel por el delito de desaparición forzada, además de 12 años por tortura y 10 por correspondiente contra la administración de la justicia, falta que un juez pueda conceder la petición.
Tras la presentación de 69 testimonios, 65, documentales y 43 peritajes, además de datos de prueba, Marco Antonio Fuerte Tapia, el juez de control del CJPF en el reclusorio Norte, dictó su primera vinculación a proceso.
En una audiencia a puerta cerrada, en abril de 2023, la FGR imputó por segunda ocasión a Murillo Karam por presuntamente torturar a Felipe Rodríguez Salgado, siendo presidida por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien fuera el juez de control del CJPF del reclusorio Sur.
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