En Jalisco, nuevo protocolo de búsqueda en fosas clandestinas generó controversia

En Jalisco ha surgido una controversia en torno a la implementación de un reciente protocolo para la búsqueda en fosas clandestinas, especialmente aquellas reportadas de forma anónima. Este proceso, que cuenta con la colaboración de autoridades y colectivos de familiares de personas desaparecidas, incorpora una etapa de prospección y reconocimiento previo de los sitios, incluyendo medidas para identificar posibles explosivos a través de la intervención de especialistas.

Víctor Hugo Ávila Barrientos, a cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco, ha indicado que se establecerán pautas para la participación de familiares y colectivos en diferentes momentos: antes, durante y después de las operaciones de búsqueda.

No obstante, en caso de descubrimiento positivo, se restringirá la observación a un número predefinido de participantes, acordado previamente, con el fin de mantener un mayor control de la seguridad, e impedir la divulgación no oficial de información de los casos en curso.

En relación con los traslados y procesamientos de información, se impondrán restricciones. Para ello se prohíbe la toma y publicación de fotos o videos, así como la divulgación de las ubicaciones de los sitios de búsqueda.

En situaciones de hallazgo positivo, se prohíbe la transmisión en vivo, así como la captura de imágenes. Además, se ofrecerá apoyo psicosocial a las víctimas indirectas para manejar las emociones vinculadas a la búsqueda.

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco y Sonora ha expresado su desacuerdo con el protocolo, señalando cinco aspectos de discordia. Entre ellos, se destaca la percepción de que limita la participación de las víctimas en las investigaciones, supuestamente atenta contra la transparencia de los procesos de investigación.

Además, añaden que esto no promueve el trabajo colaborativo entre autoridades y colectivos, y no salvaguarda la seguridad e integridad de las víctimas en la misma medida que la de los servidores públicos.

De acuerdo con el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), desde 1995 se han registrado 10,777 personas desaparecidas en Jalisco, con un 50.2% (5,418 personas) de estos casos ocurridos en los últimos tres años.

En marzo de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas informaba de 16,222 casos en Jalisco, pero tras una solicitud de ‘carga masiva’ de la Fiscalía General, esta cifra se ajustó a 14,915 denuncias por desaparición.

Por ello, Jalisco ocupa el segundo lugar en México en cuanto al número de personas desaparecidas, con 10,237 casos, lo que representa el 15.11% del total de desapariciones documentadas en el país.