El robo de identidad es considerado uno de los fraudes financieros más comunes en México, generando preocupación y dudas sobre cómo actuar. Cuando se descubre que alguien ha solicitado un crédito usando tus datos personales, surge la incertidumbre sobre la responsabilidad de la deuda, los pasos a seguir y los recursos disponibles para resolver esta situación.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) define el robo de identidad como el uso ilegal de datos personales, incluyendo nombre, huellas dactilares, números telefónicos, dirección y demás información identificativa, con la intención de cometer fraude o contratar productos financieros.
¿Qué acciones debes tomar si enfrentas esta situación?
En primer lugar, es crucial presentar una denuncia formal. La Fiscalía es una opción donde se pueden llevar pruebas tangibles del fraude, como contratos firmados por terceros o documentación proporcionada por el banco. Incluso, en casos excepcionales, grabaciones que evidencien la suplantación de identidad al momento de recibir el préstamo pueden ser útiles.
La alternativa de realizar una denuncia ante la Condusef también está disponible. Se puede agendar una cita en el enlace proporcionado por la institución, seleccionando el motivo “Reclamación por Posible Robo de Identidad”. Durante la cita, se requiere la presentación de una identificación oficial vigente junto con documentos pertinentes al caso.
¿Cuál es el plazo para realizar la denuncia?
Aunque no hay un límite estricto establecido por la Condusef para reportar el robo de identidad, es aconsejable actuar con prontitud al descubrir la situación. De acuerdo con la Comisión, se recomienda informar de inmediato al percatarse del problema.
En caso de ser víctima de este delito, se puede buscar asesoramiento adicional llamando a los números de la Condusef: 5340-0999 (CDMX) o al (800) 999-8080 para el resto del país.
Es importante destacar que el tiempo estimado para resolver este tipo de casos oscila entre 30 a 40 días hábiles, dependiendo de la complejidad del asunto. Una vez que se demuestra que la operación no fue autorizada por el titular, los cargos son cancelados automáticamente, eximiendo de responsabilidad al afectado.
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