
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara-Carrancá, participó este domingo 22 de octubre en la marcha de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) para exigir el respeto a sus derechos laborales.
El ministro fue captado por las calles de la Ciudad de México entre miles de empleados y sus familias, quienes protestan por la iniciativa de Morena de quitar recursos al Poder Judicial, la cual niegan sea una revancha por las reformas que la Corte ha revertido por considerarlas inconstitucionales.
El pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha criticado estas protestas, retó a los ministros de la Corte salir a marchar a las calles.
“A mí me gustaría hasta que, ahora que van a hacer manifestaciones, que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios; o sea, fuera máscaras. Además, sirve que les da el sol”, dijo en su mañanera del 19 de octubre.
El ministro Juan Luis González Alcantará le tomó la palabra a @lopezobrador_ y salió a marchar este domingo en la CDMX junto a los Trabajadores del #PoderJudicialdelaFederacion que exigen respeto a sus derechos laborales por la extinción de fideicomisos que afecta sus… pic.twitter.com/kfPOnNe6fY
— Salvador García Soto (@SGarciaSoto) October 22, 2023
Juan Luis Gonzáles fue el primer ministro propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha expresado de forma pública su descontento hacia los integrantes de la Corte que no han apoyado la 4T a pesar de ser nominados por el propio político tabasqueño.
Fue el propio Juan Luis González Alcántara-Carrancá el ponente del proyecto que consideraba inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército, pues la reforma constitucional de 2019 señalaba de forma clara que este cuerpo de seguridad debía estar bajo un mando civil.
Esta semana la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial para que este entregue 15 mil millones de pesos al gobierno federal, quien podrá utilizar como mejor considere dichos recursos.
De acuerdo con el Poder Judicial algunos de esos fideicomisos tienen el fin de garantizar el pago de prestaciones de miles de empleados de distintos niveles y no sólo de los ministros de la Corte, como acusa Morena y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Esta misma semana, el ministro Luis María Aguilar aclaró que ningún peso de los fideicomisos que Morena busca extinguir para transferir los recursos por 15 mil millones de pesos a los programas sociales del gobierno federal.
Según López Obrador, estos fideicomisos sirven para pagar “privilegios” de los ministros, como renta de casas y cirugías. En ese sentido, el ministro Aguilar negó tales señalamientos.
“Nombre, qué barbaridad, para nada.. Ni un sólo peso de ningún fideicomiso, todos están para el servicio de la administración de la justicia o para la cuestión de las pensiones complementarias de jueces y magistrados. No hay un solo peso que se aplique a favor de los ministros”, dijo en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga.
Por su parte, López Obrador ha criticado a los ministros por no apoyar su programa de reformas, como la Reforma Electoral y la guardia Nacional, y ha insistido en desacreditar al Poder Judicial, del cual dice está al servicio de los potentados y conservadores.

“Imagínense que todavía después de que están al servicio de los potentados y que no defienden al pueblo se les tienen que pagar sueldos elevadísimos y se les tienen que dar prestaciones de manera extraordinaria o en forma extravagante del presupuesto público, que es dinero de todos. Por eso es el colmo”, se quejó este viernes 19 de octubre.
Dos días antes, en su conferencia mañanera, el gobierno federal negó que el recorte de recursos al Poder Judicial sea por una venganza debido a las reformas que la Corte no ha avaldo, pues hay que recordar que el argumento de los ministros es que en algunos cambios legales, Morena ha violentado el proceso parlamentario, según lo dicta la Constitución, y en otros casos el máximo tribunal ha señalado que las reformas por la vía secundaria no pueden cambiar lo que establece la Constitución.
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