Inteligencia artificial, corporaciones y derechos de los pueblos indígenas

En este mundo hipercomunicado se habla más que nunca sobre temas de desigualdad en foros internacionales, en medios de comunicación y en las redes sociales, pero las estadísticas confirman que los grupos marginados siguen siendo los mismos de siempre, con las mujeres y las personas indígenas encabezando la lista.

Desde el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) no nos sorprende esta paradoja, porque nuestro trabajo de 18 años acompañando las luchas de comunidades indígenas y rurales afectadas en sus derechos por proyectos empresariales nos confirma, una y otra vez, que las estructuras de poder que permiten la impunidad de muchas corporaciones se han mantenido bastante estables a lo largo de los años, lo que tiene un impacto negativo en la vida de millones personas.

Por otro lado, en este 2023 hemos visto la proliferación de herramientas de inteligencia artificial (IA) que prometen hacernos personas más inteligentes, productivas, e incluso, creativas, y mucho del interés que ha despertado la IA se debe a su capacidad de resumir, en segundos, el conocimiento existente en internet para ofrecer recopilaciones muy eficientes de lo que conocemos sobre ciertos temas.

Partiendo de esta base, desde ProDESC decidimos preguntarle a Bard, la herramienta de inteligencia artificial creada por Google, por qué las empresas podrían violentar los derechos de los pueblos indígenas, y obtuvimos una respuesta con cuatro puntos que analizamos a continuación.

Cuatro razones para violar los derechos de las comunidades indígenas

1. El lucro. “Las empresas pueden estar motivadas por el deseo de obtener ganancias, incluso si eso significa dañar a las comunidades indígenas. Esto es especialmente cierto en los casos en que estas comunidades estén ubicadas en áreas con recursos valiosos, como la tierra, el agua o los minerales”, dice Bard.

En esta primera explicación la inteligencia artificial dio en el blanco, pues de acuerdo con datos del Banco Mundial, 80% de la biodiversidad que aún se conserva en el planeta está localizada en territorios indígenas.[1] Por otro lado, la directora de ProDESC, Alejandra Ancheita, afirma que “existe una tendencia mundial de corporaciones que despojan a las comunidades de sus tierras”.[1] Y precisamente los recursos que más buscan las empresas en territorios indígenas son la tierra, el agua y los minerales.

2. Falta de regulación. “En algunos casos, las empresas pueden salirse con la suya violando los derechos indígenas porque no existen leyes o regulaciones para protegerlos. Esto es especialmente cierto en los países en desarrollo, donde las comunidades indígenas a menudo son marginadas y tienen poco poder para defenderse”, comenta Bard.

En este segundo rubro, la IA volvió a acertar porque la falta de leyes, o de mecanismos para hacer valer las leyes existentes, como ocurre en los países de América Latina, permiten que las empresas “se salgan con la suya” y pasen por encima de comunidades enteras de manera impune. La marginación de la que hablamos desde el inicio contribuye a este escenario, ya que los pueblos indígenas generalmente no tienen el poder ni los medios necesarios para defender su territorio.

3. Colusión de las empresas con los gobiernos. “Las empresas también pueden coludirse con los gobiernos para violar los derechos indígenas. Esto puede suceder cuando los gobiernos son corruptos o cuando están en deuda con los intereses corporativos. En estos casos, el gobierno puede otorgar a las empresas permisos especiales o exenciones que les permitan operar en territorios indígenas sin tener en cuenta los derechos de las personas que viven allí”.

Quienes defendemos los derechos humanos tenemos un concepto específico para esta forma de asociación, y es la “captura corporativa del Estado”, la cual ocurre cuando los intereses de las grandes empresas influyen en la toma de decisiones del Estado para su propio beneficio. La captura del Estado ocurre desde el momento en que una empresa decide presentar sus planes a las autoridades locales o federales antes que a la población que afectará con sus proyectos, y también desde que las autoridades eligen escuchar a las empresas y nunca a las comunidades.

4. Falta de conocimiento. “Algunas empresas pueden simplemente desconocer los derechos humanos de las comunidades indígenas. Esto es especialmente cierto en los casos en que las empresas son de fuera del país donde se encuentra la comunidad indígena. Las empresas pueden no ser conscientes de las normas y valores culturales de la comunidad indígena, y es posible que no entiendan el impacto que sus actividades pueden tener en la comunidad.”

En este punto Bard concede que las empresas pueden desconocer las regulaciones locales, no obstante, desde hace al menos una década ha crecido la exigencia mundial para que las empresas se hagan responsables de sus actos y de las afectaciones negativas que generen a través de sus actividades tanto para las comunidades como para el medioambiente. A esta exigencia se le denomina debida diligencia empresarial, e incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desarrolló una guía sobre el tema para llevar una conducta empresarial responsable.

Esta guía señala que todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y, para lograrlo, las corporaciones deben ejercer una debida diligencia, la cual consiste en: identificar, prevenir, mitigar y justificar cómo subsanar los efectos negativos que generen sus actividades sobre los derechos humanos.

Como puede verse, el argumento de “falta de conocimiento” de las leyes locales es el más débil de los que ofreció Bard, pero en los otros casos esta herramienta fue muy certera porque desde hace tiempo sabemos que las corporaciones violan los derechos humanos de las comunidades indígenas por anteponer sus ganancias a cualquier cosa, por falta de regulación y mecanismos que hagan valer las leyes, y por la captura del Estado, entre otras razones.

Desde ProDESC acompañamos a comunidades indígenas para generar el poder colectivo que necesitan para hacer frente a esta tendencia de grandes empresas que pretenden despojar a pueblos enteros de su derecho a la tierra, el territorio y un medioambiente sano. Asimismo, desarrollamos un método de litigio estratégico que ha sido exitoso en casos como La Sierrita en Durango, y la comunidad Unión Hidalgo en Oaxaca, entre otros. Les invitamos a visitar nuestro sitio web y nuestro canal de Youtube para conocer estos casos y otros proyectos que impulsamos para defender los derechos humanos.

[1] Banco Mundial, Indigenous Women Leaders Persevere Amid a Changing Climate, 9 de agosto de 2022.

[1] Alejandra Ancheita, “Building Spaces of Hope: Working for Indigenous Peoples’ Rights in Mexico”, en The Revolution Will Not Be Litigated, editado por Katie Redford y Mark Gevisser, OR Books, 2023.