Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este 31 de agosto que un juez dictó prisión preventiva oficiosa al anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro -quien es investigado por posesión de fentanilo-, asociaciones del gremio médico y jurídico se pronunciaron en su contra.
A través de un comunicado, diversas organizaciones del gremio médico, así como también Antonio Juárez Navarro, defensa legal del anestesiólogo, aseguraron que la decisión del juez de control fue una “medida brutal”.
“El gremio médico, jurídico y un amplio sector de la sociedad de pacientes mexicanos, se sienten consternados por la decisión tomada el día de ayer, dejando de lado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emplazado al estado mexicano para homologar el desuso de tan lesiva medida por atentar contra los Derechos Humanos”, expresaron.
Durante la tarde del jueves, la FGR informó que el juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Alfonso Olachea Aragón, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en La Paz, Baja California Sur, fue el responsable de dictaminar prisión preventiva a Aguirre Castro.
De acuerdo con las organizaciones, el juez argumentó que el médico “constituye un riesgo para la sociedad”, por lo que determinó que tendría que ser ingresado al Centro Penitenciario en La Paz, Baja California Sur, en un plazo no mayor a 36 horas.
La FGR detalló que esta medida tendría que ser cumplida al menos hasta el próximo martes 5 de septiembre, día en el que se reanudará la audiencia.
Al respecto, el Colegio de Medicina Interna de México, filial Los Cabos; el Colegio Federal de Peritos A.C.; la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor; Juárez y Asociados Blindaje Médico Jurídico S.C; Colegio Sudcaliforniano de Ginecología y Obstetricia exhortaron a la FGR a perseguir a quienes representan un verdadero peligro a la sociedad.
“Exhortamos a la Fiscalía General de la República a reivindicar sus esfuerzos y recursos para perseguir a quienes representan un verdadero peligro para la sociedad y no a quienes dedican su vida a sanarla”, mencionaron.
Las organizaciones también pidieron al Poder Judicial “que su única consigna sea la de garantizar los Derechos Humanos; y al Presidente de la República le solicitamos que acumule sus esfuerzos para que ningún servidor público pueda seguir ocupando a las instituciones del estado para destruir las vidas que deberían proteger”.
El 1 de agosto, el presidente López Obrador aseguró que el médico anestesiólogo no tenía “nada de que preocuparse” si es que la droga realmente era utilizada únicamente para fines médicos.
“Si no lo hizo con propósito de distribuirlo de manera ilegal, no tiene por qué preocuparse (...) se está actuando para evitar la introducción de drogas”, apuntó el titular del Ejecutivo federal en sus conferencia matutina.
Por ello, las organizaciones pidieron que el proceso judicial del médico anestesiólogo debe de ser “transparente y estar sujeto al escrutinio público porque no sólo se está resolviendo la situación jurídica de un hombre, también se definiendo el camino que garantice el ejercicio profesional de todo un gremio o su futura persecución”.
Las investigaciones del Ministerio Público de la Federación refieren que fueron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) quienes detectaron un paquete con narcóticos enviado desde el estado de Jalisco al de Baja California Sur.
Tras la detección de este envío, se pidió a un juez una orden de cateo en un domicilio ubicado en una zona residencial de Cabo San Lucas, Baja California Sur, en donde le encontraron ampolletas de fentanilo, efedrina, morfina y Delta 9 de THC.
La FGR señaló que Gustavo Aguirre pretendió justificar la legal posesión de lo encontrado por las autoridades con correos de la solicitud de recetarios especiales con código de barras y código QR de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), mismos que le fueron negados y, según dijo el MPF, él lo ocultó.
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