
En la carrera por posicionar su imagen como aspirante para encabezar el Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado revivió su iniciativa para que las y los mexicanos puedan portar armas de fuego y utilizarlas para su legítima defensa.
A través de sus redes sociales, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) se refirió a los altos índices de violencia que aquejan a la población como un argumento para que la ciudadanía enfrente a criminales por su propia mano.
“Los mexicanos debemos tener la posibilidad de portar legalmente un arma, si pasas exámenes psicológicos, físicos, no antecedentes penales de violencia, una prueba de estar entrenado para usar y guardar el arma, no hay razón para que el gobierno te lo niegue (sic.)” escribió el colimense en su cuenta de Facebook.
La publicación alusiva a esta propuesta incluyó un video, en el que Preciado sugirió que la alternativa para reducir los niveles de violencia y la incidencia de delitos sería brindarle libre acceso a la ciudadanía a las armas.

“Tenemos una delincuencia perfectamente armada contra una población sin la posibilidad [...] O sea, tú no puedes permitir que te maten. Cierto tipo de delitos sí disminuyen cuando la población tiene la posibilidad de la legítima defensa”, manifestó el panista, sin ofrecer mayores detalles que respaldaran esta última afirmación.
Propuesta similar a la de 2016
Esta no es la primera vez que Jorge Luis Preciado plantea una iniciativa para reformar la ley con la intención de que las personas de la sociedad civil tengan derecho a portar armas de fuego, pues en octubre de 2016 presentó el mismo proyecto en el Senado.

Aquel año, el panista intentó que se aprobara una modificación al Artículo 10 de la Constitución Política para ampliar las garantías ciudadanas en este rubro, pues la ley únicamente contempla la tenencia de armas en los domicilios. Específicamente, el texto (vigente hasta la presente edición) dice:
“Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”.
Por lo delicado del tema, en el Senado se llevó a cabo un foro de análisis para evaluar las implicaciones de esta iniciativa, en el que participaron legisladores y representantes de organizaciones civiles.
Uno de los principales argumentos en contra de la propuesta de Preciado, en aquel entonces, fue vertido por Marcela Figueroa, de la organización Causa en Común, quien consideró el incremento de la violencia como una justificación “errónea”, pues planteaba el concepto del delito como “una lucha de buenos contra malos” y no contemplaba la desigualdad y la impunidad persistente en México.
Además, descalificó el argumento (presentado también ahora en 2023) de que los delincuentes disminuirían sus actividades ante la posibilidad de encontrarse con un ciudadano armado, pues dijo que no hay evidencia de que la portación de estos artefactos pueda inhibir el crimen. Finalmente, el proyecto fue rechazado por todos los grupos parlamentarios.
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