La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma por la cual se desapareció el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la Ley General en Materia de Humanidad, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt).
Se trata de las leyes aprobadas en fast track en el Senado el pasado 28 de abril, en una sesión donde la oposición denuncia que se violaron diversos procedimientos parlamentarios, ya que fueron sin la presencia de legisladores del PAN, PRI, PRD, en una sesión que duro menos de tres horas en la sede alterna de Xicoténcatl. El pasado lunes 8 de mayo se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los decretos de diversas reformas.
Además de la modificación estructural, también se modificaron los criterios para la entrega de los apoyos a los investigadores, con lo cual se verían afectados.
“La acción en contra de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, busca proteger a más de mil 700 investigadores de instituciones particulares, por la discriminación que enfrentarían para recibir apoyos para la innovación e investigación, y a decenas de miles de estudiantes de universidades privadas que hoy pueden realizan sus estudios gracias al apoyo de Conacyt”, se puede leer en la demanda de los legisladores.
Denuncias de la oposición
En su momento, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, había dicho que estas impugnaciones fueron porque no se había respetado la forma y fondo de la reforma y que había muchas irregularidades. “No más violaciones al proceso legislativo. El Congreso NO es oficialía de partes del presidente”, se leía en Twitter.
Mientras el presidente del PRI, ALejandro Moreno dijo que los diputados del PRI, PAN y PRD presentaron la Acción de Inconstitucionalidad en contra del decreto, “por atentar contra el debido proceso legislativo, el principio de democracia deliberativa, deliberación parlamentaria, seguridad jurídica y la legalidad”.
Además señaló que no se iba a permitir que siguieran estas reformas, “que constituyen un retroceso para el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología”, expreso en sus redes sociales.
Ahora con la admisión de las acciones de inconstitucionalidad, le toca a la SCJN realizar el análisis correspondiente que estará a cargo de un ministro y determinar si los procesos fueron los correctos o no.
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