Autos chocolate, los argumentos a favor y en contra de su regularización

El gobierno volvió a extender el plazo para regularizar los autos “chocolate”, lo que generó nuevamente la inconformidad de los distribuidores de autos.

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la administración federal informó que el límite se extendió hasta el 30 de septiembre, luego de que en la anterior ampliación del programa la fecha final sería el 30 de junio. El gobierno justificó el nuevo plazo al informar que hay una lista de espera de particulares que han solicitado la regularización de sus unidades.

¿Qué argumenta el gobierno sobre la regularización?

En octubre de 2021, la administración de Andrés Manuel López Obrador lanzó a través de un decreto la regularización de vehículos de procedencia extranjera carentes de documentación legal, con la esperanza de ordenar definitivamente ese mercado.

Sostuvo que pese a los esfuerzos de otras administraciones, seguían los problemas relacionados con la introducción de esas unidades.

El gobierno indicó que el objetivo es darle certeza jurídica a las personas que adquieren esos autos para proteger su patrimonio, y además combatir la delincuencia vinculada a estos automotores.

El Ejecutivo federal ha ampliado en varias ocasiones el plazo para la regularización de estos vehículos debido a la demanda de particulares que se quieren beneficiar.

El programa ha permitido la regularización de un millón 580.7 autos en 16 estados, con una recaudación de 3,951.9 millones de pesos.

El gobierno afirma que la regularización contribuye a garantizar la seguridad pública, ya que permite identificar a los propietarios de esos vehículos, y así evitar que se ocupen para cometer delitos.

Dice que los recursos son usados para pavimentar vías de los municipios que participan en el programa. Baja California, Chihuahua y Tamaulipas concentran el 52.3% del ingreso.

Los estados incluidos en el programa son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

¿Qué cuestiona la industria automotriz?

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) asegura que las extensiones del programa sólo benefician a mafias que lucran con la introducción y comercialización de estos autos.

“Cada ampliación es una evidencia más de su fracaso, ya que no es posible que después de casi 1.6 millones de vehículos regularizados sigan ingresando diariamente vehículos en contrabando, habiendo lista de espera y ninguna penalización clara para los propietarios que no legalicen sus unidades, por lo que este fenómeno continuará como una regularización sin fin”, declaró el martes el presidente de la asociación, Guillermo Rosales.

La AMDA teme que el programa se siga extendiendo hasta finales del actual sexenio, lo que, afirma, seguirá alentando la cadena delictiva del contrabando automotriz.

Esta organización argumenta que la regularización satura la oferta de vehículos, por lo que baja las ventas de vehículos usados y nuevos.

Asegura que se afecta el patrimonio de los propietarios de vehículos que cumplen con sus obligaciones fiscales, al disminuir sus precios ante la saturación de la oferta.

Sostiene además que muchos están en pésimas condiciones mecánicas, y que los autos catalogados por aseguradoras estadounidenses como salvage, pérdida total o chatarra, no pueden ser introducidos a México por seguridad del conductor y terceros.