Indagaron a Alejandra Gils Carbó por la compra del edificio de la Procuración

La exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, prestó declaración indagatoria este martes en el juicio por la compra del edificio del Ministerio Público Fiscal ubicado en la calle Perón 667, en el microcentro porteño. La exfuncionaria se limitó a leer las respuestas que ya le había dado a la Justicia en 2017, durante la instrucción del caso.

El Tribunal Oral Federal N° 8 también indagó al resto de los acusados. El productor de seguros Juan Carlos Thill y el exdirectivo de Arfinsa Argentina Financiera, Adrián González Fischer, se negaron a declarar, aunque podrían hacerlo más adelante. Por su parte, Bárbara Jaureguiberry, representante de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, también pidió que se leyera la indagatoria que brindó mientras era investigada.

Ninguno respondió nuevas preguntas del fiscal de juicio, Marcelo Colombo.

En aquella indagatoria, realizada hace nueve años ante el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Julián Ercolini, Gils Carbó defendió la transparencia de la licitación, pero apuntó por el cobro de comisiones contra Thill y su medio hermano Guillermo Bellingi, quien se suicidó días antes del inicio del debate. El fallecido era subdirector general de la Procuración y coordinador del área de Administración. Estuvo a cargo del proceso licitatorio que quedó bajo la lupa.

La jefa de los fiscales entre 2012 y 2017 reconoció la existencia de un negocio oculto, pero sostuvo que se había desarrollado a sus espaldas. “Cuando nos enteramos este año del negocio oculto de Thill, sufrimos, nos sentimos defraudados”, dijo. Y siguió: “Si sacamos el negocio oculto de Thill y Bellingi, no se advierte ninguna irregularidad en el trámite. Vuelvo a decir que no conocía a Juan Carlos Thill, no conocía a Arfinsa ni a la inmobiliaria Jaureguiberry. Apenas me enteré de este negocio oculto, suspendí inmediatamente al funcionario Guillermo Bellingi, luego de chequear los datos que habían llegado a nuestro conocimiento”.

En el juicio se debate la adquisición del edificio en 2013 por un monto de $43.850.000. La hipótesis fiscal sostiene que los acusados utilizaron “formas engañosas” para dar una apariencia de legalidad a una licitación pública que, en realidad, estaba direccionada y acordada “de antemano” con los directivos de la empresa vendedora, Arfinsa.

Para concretar esta operación, se había dejado sin efecto, apenas dos meses antes, la licitación pública N° 17/2012. Según la acusación, de haberse realizado esa licitación alternativa, el Estado habría pagado cerca de $27.000.000, en comparación con los $43.850.000 que finalmente se abonaron.

Arfinsa (del Grupo Bemberg) pagó una comisión de $7.700.000 a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por el asesoramiento en la operación.

A su vez, la inmobiliaria le pagó $3.019.054 al productor de seguros Juan Carlos Thill por un supuesto asesoramiento. Estas comisiones superaron el 14% del valor total de la transacción.

Según la acusación, Thill cobró esa millonaria comisión por su acceso directo a información privilegiada, como los pliegos y las fechas de la licitación, facilitada por su medio hermano.

A través de su defensor, Alejandro Rúa, la exprocuradora Gils Carbó planteó en la audiencia pasada la inexistencia de delito en lo que respecta a su participación en los hechos investigados.

Ocurre que, luego de que el caso se elevara a juicio, se agregaron al expediente actuaciones del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y una resolución del actual procurador interino, Eduardo Casal, que, a criterio de la defensa, eximen de cualquier responsabilidad a Gils Carbó.

Rúa planteó ante el TOF N° 8 que tanto la PIA como la cabeza de la Procuración concluyeron que la licitación para comprar el edificio no se vio afectada por ningún direccionamiento. El defensor trazó una metáfora para ilustrar su razonamiento: la situación de Gils Carbó es como si estuvieran juzgando a una persona por homicidio y durante el juicio apareciera la víctima con vida.

Los jueces del tribunal, Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, resolverán el planteo al momento de dictar sentencia.

Aunque inicialmente fue procesada por administración fraudulenta, la Cámara Federal cambió la acusación que pesa sobre Gils Carbó a negociaciones incompatibles con la función pública, al determinar que, si bien el edificio se adquirió a valores de mercado y el Estado no sufrió un perjuicio económico directo comprobado (ya que las comisiones las pagó la empresa privada), podría haber existido un direccionamiento ilegal de la licitación.