La defensa de los imputados Daniel Nasif y Silvia Nasif pidió la absolución para ambos al presentar su alegato, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, que administró, con fondos del Estado, la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Para estos imputados, el fiscal Diego Velasco y la representante de la Unidad de Información Financiera Marianella Teich habían solicitado penas de 4 años de prisión.
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Asimismo, el abogado Yamil Castro Bianchi planteó la nulidad del alegato del Ministerio Público Fiscal y de la querella, porque entendió que no debieron leer su exposición de la prueba, y evaluó que la acción penal está prescripta.
En esa línea, argumentó que la acusación fue imprecisa e incoherente, porque, según precisó, “en el caso de los Nasif la fiscalía se refirió a ellos como padre e hija cuando no lo son”. Explicó que “en Santiago del Estero llamarse Nasif puede ser semejante a llamarse Pérez o García en Buenos Aires”.
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La presidenta del TOF 5, Adriana Paliotti, interrumpió a Castro Bianchi para aclararle que tenían autorización para leer la prueba porque “no hay memoria que resista tantos datos”.
Finalmente el tribunal tuvo presente el pedido de nulidad y anunció que le daría vista a las partes antes de resolver.
Las próximas semanas expondrán las defensas del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, de otros referentes de Santiago del Estero, Carlos Castellano y Daniel Freidin.
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Luego, continuarán los letrados que representan al ex ministro Julio De Vido, a José López y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
La defensa
Al referirse a los argumentos de la acusación, Castro Bianchi sostuvo que sus defendidos llegaron al juicio imputados por una supuesta maniobra que les habría permitido cobrar lo que calificó como “un ridículo monto” de $15.000 y $30.000.
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A su vez, señaló que el propio Sergio Schoklender dijo que Daniel Nasif “le peleaba”. El abogado dijo que el exapoderado de la Fundación Madres tenía esa opinión porque le ponía límites para controlarlo.
En cuanto a Silvia Nasif, indicó que no era funcionaria de la provincia porque tenía un contrato como monotributista; y recordó que en su indagatoria justificó el motivo por el cual recibió el dinero.
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Finalmente, opinó que este expediente debió tramitar en el fuero contencioso administrativo en lugar del federal, y remarcó que “las obras fueron terminadas y las viviendas entregadas”.
La acusación
Tanto la fiscalía como la UIF solicitaron que se condene a Julio De Vido, José López, Abel Fatala, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y al resto de los funcionarios por el presunto desvío de fondos públicos a través de maniobras ilícitas que se detectaron en el proyecto Sueños Compartidos, entre el 2005 y el 2011.
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Los imputaron como supuestos responsables del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública.
En cuanto al monto de las penas, el fiscal Diego Velasco requirió seis años de prisión e inhabilitación especial para el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender; su hermano, Pablo Schoklender; el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el ex subsecretario Abel Fatala.
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Para los ex funcionarios de Santiago del Estero Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin, solicitó cuatro años de cárcel.
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