Sergio Schoklender solicitó ampliar su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, donde se investiga un presunto fraude por el desvío de más de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales.
El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo le pidió al Tribunal Oral Federal 5 que le permitan hacer uso de su derecho a la defensa durante la próxima audiencia.
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Es uno de los 9 imputados como responsables del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, junto con su hermano Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López y el ex subsecretario Abel Fatala.
La lista se completa con otros procesados como partícipes secundarios de la maniobra: Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin.
Sergio Schoklender había declarado en el inicio del debate, en marzo de este año, que la Fundación oficiaba como aparato militante del kirchnerismo por orden de Hebe de Bonafini, fallecida en 2022.
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Remarcó que la ex presidenta de Madres utilizaba los recursos que recibían para movilizar a la gente contratada para las obras hacia distintos actos y eventos políticos.
En su primera indagatoria, Schoklender sostuvo que Bonafini “estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes”.
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Agregó que “Néstor Kirchner, vaya uno a saber si por convencimiento o por qué motivo, apoyaba este programa. Entonces nadie se animaba a demorar pagos ni a pedir coimas; ya después de que él se murió, la cosa se desbandó”.
El juicio
Entre los testigos que declararon en la última audiencia, el exdiputado nacional Hipólito Faustinelli sostuvo que cuando en el 2007 ocupaba la presidencia de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja realizaron una serie de audiencias para comprender los alcances del Programa Sueños Compartidos, a la que asistieron varios intendentes.
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Enfatizó que uno de los datos que le llamó la atención fue la aplicación de un nuevo sistema constructivo más económico que permitía gastar en la obra un 30 por ciento menos que el método tradicional.
Recordó que desde el Congreso le remitieron un informe al juzgado de instrucción a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi con todo lo que se desarrolló en las reuniones de comisión.
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Por su parte, la representante de una de las asociaciones barriales que figuraba como beneficiaria de las viviendas sociales, Miriam Aquino, reveló que luego de un incendio que destruyó 460 casillas en el asentamiento Villa Cartón donde vivían, Sergio Schoklender se presentó en medio de la noche con custodia y les pidió crear una entidad para reconstruir sus viviendas.
Finalmente, Denunció que a pesar de que habían rescindido el convenio, más adelante aparecieron documentos supuestamente falsificados con su firma.
En este proceso la hipótesis de la fiscalía sostiene que al menos 206 millones de pesos habrían sido desviados hacia empresas, bienes y gastos personales de los Schoklender y su entorno, en lugar de emplearse en las obras previstas.
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Los proyectos debían ejecutarse en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Tigre y Ezeiza, además de Bariloche y Rosario.
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